Los salarios y la especulación inmobiliaria

Durante las últimas semanas, el aumento salarial exigido por el gremio de trabajadores de la construcción, Suntracs, ha generado diversas reacciones. Sin embargo, poco se habla de los Derechos Constitucionales que se están violando en lo referente a la vivienda y al salario de los trabajadores en general. Para abordar el tema, hemos consultado 932 proyectos de vivienda.

Generalmente, se suele atribuir el precio de la vivienda a la mano invisible del mercado, que ‘responde' a la libre oferta y demanda de este bien. No obstante, como cualquier bien comercializado en un mercado libre, las viviendas pueden ser objeto de especulación.

Según el Censo de Construcciones y Edificaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el costo de construcción promedio más alto se registró en la provincia de Panamá, cotizándose en $333.16 el metro cuadrado. Consultando en Internet las publicaciones de promotoras de vivienda, establecimos un precio de venta promedio de $2106.92 el metro cuadrado para la misma provincia, casi siete veces su costo de construcción. A nivel distrital, San Miguelito registró el costo de construcción más alto, con un monto de $453.62 el metro cuadrado, situación interesante, ya que en este distrito habita un porcentaje de la población que percibe un ingreso menor a los habitantes del distrito de Panamá. Las razones precio/costo más bajas se dan en las provincias de Veraguas, Chiriquí y Panamá Oeste, pero se puede afirmar que, en todo el país, las viviendas se venden, por lo menos, tres veces por encima de su costo de construcción. Resulta claro que los empresarios obtienen ganancias considerables y que existe un comportamiento especulativo, algo que encarece el precio de la vivienda. Estas cifras no sustentan el argumento de que el salario de los trabajadores es la principal causa del alto precio de las residencias y apartamentos.

El artículo 117 de la Constitución Política de Panamá reconoce la vivienda como un Derecho Social. Sin embargo, cuando analizamos el mercado inmobiliario, observamos que la situación dista mucho de garantizar este derecho, ya que el 71 % de los 932 proyectos de vivienda consultados tiene un valor superior a $120 000. Si un asalariado desea buscar financiamiento a 30 años para adquirir una vivienda de este precio, los bancos le exigen que devengue un salario mensual de $1,400 aproximadamente. A partir de los resultados de la Encuesta de Mercado Laboral realizada por el INEC en agosto del 2017, se estableció que el 76 % de los empleados y empleadas devenga un salario menor a los $1000, es decir, 870 847 trabajadores no podrían acceder a un crédito de manera individual para adquirir una vivienda y hacer valer un Derecho Constitucional y Humano.

En cuanto al aumento salarial exigido por los trabajadores de la construcción, partimos citando el artículo 66 de la Constitución: ‘La Ley establecerá la manera de ajustar periódicamente el salario o sueldo mínimo del trabajador, con el fin de cubrir las necesidades normales de su familia, mejorar su nivel de vida, según las condiciones particulares de cada región y de cada actividad económica...'. Como se observa, constitucionalmente se establece que las condiciones de vida de los asalariados deben ir en aumento, no obstante, según cifras del Ministerio del Trabajo y la Contraloría, en los últimos cuatro años, el salario percibido por los trabajadores de la construcción ha experimentado una pérdida de poder adquisitivo del 4.1 %. Por este motivo, habría sido ideal que el aumento salarial propuesto por Capac partiera del 4.1 % y no del 0.25 %, haciendo énfasis en que esta cifra solo equilibraría el poder adquisitivo y no toma en cuenta la inflación que se registrará durante los próximos cuatro años. De acuerdo a nuestras estimaciones, realizadas usando los datos del INEC, la inflación en el período 2018-2022 crecerá a un ritmo aproximado de 2.47 %, cifra que representa una pérdida del poder adquisitivo del dólar del 12 %, por lo que los salarios percibidos por los trabajadores irán en deterioro.

Consideramos que la actividad comercial relacionada con la vivienda debe reivindicar su propósito al servicio de los derechos humanos de la población y no del lucro, situación que, de alcanzarse, se verá reflejada tanto en la disminución del precio de venta, como en un aumento salarial que garantice unas condiciones de vida dignas para los trabajadores y que cumpla con el mandato constitucional de mejorar su calidad de vida.

ECONOMISTAS