Sin querer, pero queriendo

Ciento setenta y un años es un tiempo considerable. De hecho, nuestra nación panameña tiene apenas 122 años desde su creación en 1903, y ya existía una presencia significativa de la comunidad china desde hacía aproximadamente medio siglo. Un dato curioso es que la única baja registrada durante nuestro proceso independentista de Colombia, producto del bombardeo del buque de guerra Bogotá, fue la de un hombre de nacionalidad china. La comunidad china es tan panameña como el arroz con pollo, un plato que, paradójicamente, se elabora con un grano que esta misma comunidad introdujo en nuestro país y que hoy resulta indispensable en la dieta nacional.

La aportación de esta comunidad al desarrollo nacional es indudable, y por ello siempre resulta grato celebrar y reconocer todo lo que, juntos como país, hemos logrado. Parte de ese reconocimiento fue, en su momento, la construcción del Mirador del Puente de las Américas, inaugurado un 30 de marzo, fecha que coincidía precisamente con el Día de la Etnia China. Así, durante 21 años contamos con un espacio que, aunque no perfecto, conmemoraba la hermandad entre nuestros dos pueblos. Y digo contamos, porque en horas de la noche del 27 de diciembre, autoridades de la Alcaldía de Arraiján, amparadas por el velo de la oscuridad y mientras el país distraía su atención en las celebraciones de fin de año, decidieron de manera unilateral y sin interés alguno en la consulta con los interesados en su preservación, proceder con la demolición del monumento ubicado en el mirador del Puente de las Américas.

Ciertamente, pueden existir criterios que justifiquen la destrucción de un monumento: el mensaje que transmite, el contexto histórico que motivó su construcción o los riesgos que pudiera representar para terceros cuando se trata de aspectos estructurales. Sin embargo, ninguno de estos criterios parecía aplicable para tomar una decisión tan desacertada. Es cierto que las autoridades alegaron el supuesto peligro que el monumento representaba para la población civil debido a fallas estructurales ocasionadas por años de falta de mantenimiento. Pero ¿acaso las autoridades del Municipio de Arraiján intentaron siquiera escuchar alguna propuesta para el mantenimiento o la restauración de dicho monumento por parte de los interesados? Sin embargo, como dijo Julio César al cruzar el Rubicón: Alea iacta est. La suerte está echada y el daño ya se ha hecho. Hoy nos queda un terreno baldío donde antes se alzaba un punto emblemático de nuestra ciudad. Y ahora, después del paso de los tractores, de los comunicados de la Alcaldía y la Contraloría, de las críticas de políticos y del Gobierno Nacional, así como del rechazo manifestado por muchísimas personas y por la comunidad china —que para cualquier político también representa votos—, pareciera que, aunque hubo total y plena intención de demoler, como en efecto se hizo, todo se ha reducido a la célebre frase de Chespirito: fue sin querer, queriendo.

Hoy, muchas personas con responsabilidad pública dicen no saber nada, apelando a la ignorancia como una burda justificación, cuando pareciera ser que el beneplácito para ejecutar la demolición fue refrendado desde octubre de 2025 por la Contraloría General de la Nación. Esto demuestra que se contaba con la autorización correspondiente; sin embargo, las autoridades subestimaron el reproche ciudadano, confiando quizá en que, si el trabajo se realizaba de forma discreta, nadie prestaría atención ni reclamaría. No obstante, la manera tan vituperable en que se llevó a cabo la acción provocó que el tema escalara hasta las más altas esferas del poder, donde incluso el presidente de la Nación se vio obligado a formar parte de la discusión.

Ahora se ha ordenado que el monumento sea reconstruido en el mismo sitio con dinero público, lo cual se presenta como una forma de resarcir el daño. Así, una vez más, el erario público se ve afectado por las malas decisiones de nuestros dirigentes. No solo se perdió dinero al demolerlo —cosa que nunca debió ocurrir—, sino que ahora se pierde dinero al reconstruirlo. Y al final, ¿quién paga los platos rotos? Una vez más, el contribuyente, que debe ver cómo sus impuestos se destinan a reparar lo que en principio podía corregirse con mínimos recursos, como si nuestras contribuciones fueran un manantial inagotable destinado a financiar y subsanar la estulticia y la torpezas ajenas.

La reconstrucción del monumento no borra el error ni devuelve los recursos desperdiciados; apenas intenta maquillar una decisión mal tomada. El verdadero daño no reside únicamente en lo material, sino en la manera en que se ha pretendido invisibilizar el legado de miles de personas que forman parte esencial de nuestra historia. Este episodio demuestra que la memoria colectiva no se demuele sin consecuencias y que el patrimonio simbólico de una nación no puede tratarse como un obstáculo prescindible. Hoy, donde antes se alzaba un símbolo de hermandad —y mientras el monumento no vuelva a levantarse— queda una cicatriz urbana que recuerda que las malas decisiones también dejan ruinas y profundos sinsabores. Ojalá este hecho sirva para que quienes gobiernan comprendan que la ciudadanía no siempre está dispuesta a mirar hacia otro lado cuando los supuestos líderes confunden autoridad con arbitrariedad y poder con imposición.