Por quién voy a votar en el 2024

• Aumentar la edad de jubilación y equiparar mujeres y hombres.

• Revisar la cuota, el aporte del trabajador, el patronal o ambas.

• Reducir sustancialmente el gasto administrativo de la institución.

• Ajustar los aportes de los programas para fortalecer el IVM.

• Explotar el rendimiento de los activos improductivos de la institución.

• Fortalecer los programas de salud preventiva.

• Asegurar la calidad del servicio y el suministro responsable de medicamentos.

• Realice un estudio independiente que determine el impacto y efectividad de los 38 subsidios que concede el Estado y que significan una erogación anual de 2263 millones de dólares.

• Que diseñe un plan a mediano y largo plazo para desmontar los subsidios que no se justifican, o que generan paternalismo en detrimento de la iniciativa privada.

• Convertir el Ministerio en un ente técnico que diseñe y controle los planes curriculares y supervise la calidad de la oferta educativa pública y privada en todos sus niveles y administre la infraestructura educativa pública.

• Derogar la Ley Orgánica de Educación e implantar una nueva norma básica.

• Crear patronatos de administración de escuelas y colegios públicos, con participación de la Comunidad Educativa y sectores de la sociedad y someter a los docentes al régimen del Código de Trabajo, supervisados por una autoridad autónoma.

• Crear un Instituto de Investigación Judicial y Científica independiente, bajo un control dual del Ministerio Público y el Órgano Judicial, con la función de realizar todas las investigaciones y experticias forenses necesarias para la judicialización de cualquier delito y a cualquier funcionario y dotarlo de los recursos forenses, humanos y técnicos que sean necesarios para llevar cabo sus funciones.

• Definir que la función del Ministerio Público es la de acusar y no la de investigar los delitos.

• Garantizar por ley que el Ministerio de Seguridad estará siempre a cargo de un civil, y darle la función exclusiva de adelantar los procesos disciplinarios en todos los componentes de la Fuerza Pública.

• Pasar la supervisión del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional al Ministerio de Seguridad Pública.

• Impulse la reforma de los procedimientos en general, simplificar los trámites, aprovechar la tecnología, eliminar el formalismo, permitir a las partes disponer de medios procesales para agilizar sus causas, fortalecer la mediación vinculante y el arbitraje.

• Cree mecanismos que exigen mayores credenciales a los aspirantes a magistrados de la Corte y procuradores.

• Cree un Tribunal de Ética Judicial, con participación del gremio de abogados, de la academia y de las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, con capacidad para revisar la legalidad y pertinencia de las decisiones judiciales, conforme la prueba, la doctrina y la jurisprudencia, y sancionar a los funcionarios que se alejen de esos parámetros.

• Reduzca drásticamente el injustificable número de comisionados y subcomisionados, y se fijen esos cargos en función del área de responsabilidad y el número de agentes bajo su mando.

• Revise los criterios de ascensos.

• Reglamente la obtención, uso y aprovechamiento de la inteligencia policial.

• Elimine instituciones como el Rol de Turno, el Fiscoi, la jubilación especial y el nombramiento de altos oficiales en otros cargos públicos al jubilarse.

• Que realice un análisis de las funciones de todas las entidades del Estado, para evitar duplicidades, trámites engorrosos y discrecionalidad en el funcionario.

• Que establezca las competencias de los funcionarios en función de sus tareas.

• Que garantice igualdad de trato y equilibrio en el salario.

• Que cree la Administración de Recursos Humanos, que será el único ente responsable de la selección y nombramiento de todos los funcionarios, que sean requeridos por todas las instituciones previa demostración de la necesidad de la estructura, de las funciones y de la existencia de capacidad financiera para hacer frente al gasto.

• Que fortalezca la autonomía en las instituciones descentralizadas dando a sus Juntas Directivas funciones específicas en la administración y planificación de los planes institucionales.

• Que impulse una ley marco de las Juntas Directivas de las entidades descentralizadas y los directores serán en su totalidad del sector privado, vinculados a la especialidad de la institución y serán designados por las instituciones que representan.

• Que promueva un marco jurídico estable y realista y con participación ciudadana, que imponga políticas de manejo de la deuda pública, que nos permitan bajar el nivel actual, asegurar el cumplimiento de las obligaciones y acceder, responsablemente a nuevos créditos.

• Establezca por ley la prohibición absoluta del uso de recursos del financiamiento para gastos de funcionamiento del Estado.

• Defina la conveniencia o no de mantener activos patrimoniales, como las acciones de empresas de servicio público y las tierras de la Zona Libre de Colón.

• Eliminar del presupuesto todas las partidas de personal transitorio, apoyos personales o colectivos, obras comunitarias y otras, asignadas a los diputados de la Asamblea.

• Eliminación de los fueros especiales de investigación y juzgamiento.

• Eliminación de la prueba sumaria.

• Participación ciudadana en las juntas evaluadoras de todas las licitaciones públicas.

• Implementar el Silencio Administrativo Positivo, con responsabilidad patrimonial del funcionario omiso.

• Que se comprometa con una propuesta de desarrollo geográficamente inclusivo.

• Comprometerse a destinar el mayor porcentaje del presupuesto de inversión a las ciudades principales del interior del país, asegurando la calidad de los servicios públicos.

• Crear normas que estimulen a la inversión, local y externa en el interior del país, incluyendo normas laborales especiales.

• Fortalecer las capacidades de los entres gubernamentales en el interior.

• Promover una Reforma Constitucional que asegure una nueva fisonomía de los Poderes Públicos, partiendo de la conformación de la Asamblea Nacional.

• Que limite el gasto de funcionamiento a un tope porcentual del Presupuesto General del Estado.

• Que esté dispuesto a convencer a la ciudadanía de implementar estas acciones.

• Que ejerza el poder que le otorgan la Constitución y la Ley, y la convicción de la razón, para tomar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento de cada una de estas tareas.

Quien ofrezca esto, sin pensar el “Costo Político” de tales acciones, tendrá mi voto, y el de muchos otros panameños que aspiran a un verdadero cambio de rumbo.