Caso María Corina

A estas alturas, dudar si en Venezuela existe una dictadura es totalmente ocioso. El mundo ha sido testigo –desde la época de Chávez hasta la de Maduro– de persecuciones políticas, violaciones a los derechos humanos, ataques a la libertad de prensa, cierre de medios, expropiaciones y cientos de presos políticos. No en vano millones de venezolanos han abandonado su patria. La última maniobra nefasta del régimen ha sido la inhabilitación política, por 15 años, de la dirigente opositora María Corina Machado, gran favorita para las primarias de octubre. ¿La excusa? Su participación en “actos que atentan contra la ética pública, la moral administrativa, el estado de derecho, la paz y la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela”, así como su involucramiento en la supuesta “trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó”. Machado ha protagonizado un inicio de precampaña brillante y las encuestas corroboran el apoyo popular, una amenaza inminente para la tiranía de Maduro. Vienen tiempos cruciales para el país caribeño en los que mirar para otro lado es peligroso. Las administraciones democráticas deben ser determinantes en sus posturas, sino se convertirán en cómplices de la ratificación de un régimen que afecta no solo a ese país, sino a la región entera.