Mulino ante el conflicto de interés en su gabinete

La lealtad de un mandatario hacia su gabinete no puede convertirse en un cheque en blanco frente a la opacidad. Aunque es comprensible que el presidente José Raúl Mulino defienda la trayectoria de su equipo, la situación en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) exige mucho más que un voto de confianza: demanda una auditoría exhaustiva, independiente y contundente. Es inadmisible que el titular del MOP, José Luis Andrade, haya avalado e incrementado el contrato de una carretera en la que, apenas nueve meses antes, figuraba como contratista a favor de su socio. Justificar esta flagrante violación a la Ley 316 de 2022 bajo el endeble escudo del “desconocimiento” o la “buena fe” es un insulto a la institucionalidad. La verdadera empresa privada, motor de la economía panameña, requiere competir en una cancha nivelada, donde el éxito provenga del mérito y no del ventajismo desde el poder. Resulta alarmante que frente a este evidente conflicto, la Contraloría General regale inoportunos “espaldarazos” y refrende adendas millonarias en lugar de fiscalizar con rigor, mientras la Autoridad Nacional de Transparencia (Antai) se esconde en formalismos legales. Cada dólar secuestrado por el clientelismo es un recurso arrebatado a las poblaciones vulnerables que claman por infraestructuras dignas. No pedimos “cabezas” al calor del debate mediático o “editorial”; exigimos, con firmeza, que se revise con lupa la gestión y las adjudicaciones del MOP. La probidad no es optativa, y Panamá no puede seguir financiando el lucro particular bajo la sombra del Estado.