Sin devolver lo robado

Panamá arrastra un mal institucionalizado que ya no puede maquillarse con titulares sobre arrestos aislados o condenas simbólicas. En los 36 años de la era postinvasión, en los que, en teoría, el país ha sido gobernado en democracia, se acumulan escándalos multimillonarios, gobiernos salpicados por corrupción y miles de millones de dólares públicos desaparecidos, pero las sentencias firmes siguen siendo excepcionales. Más grave aún: el dinero robado casi nunca regresa al Estado. El caso Odebrecht resume el fracaso. Mientras otros países de la región lograron condenas ejemplares, Panamá sigue siendo el único sin responsables condenados por uno de los mayores esquemas de sobornos de América Latina. La impunidad se convirtió en norma y la justicia en un espectáculo lento que suele terminar en absoluciones, prescripciones o penas mínimas. Cuando finalmente aparecen condenas, muchas son tan cortas que envían un mensaje perverso: robar fondos públicos puede ser un negocio rentable. Se castiga poco y se recupera menos. La ciudadanía observa cómo algunos implicados vuelven a la vida política o empresarial, mientras el Estado continúa perdiendo recursos que debieron destinarse a hospitales, escuelas o infraestructura. El problema no es únicamente la ausencia de cárcel; es la inexistencia de consecuencias reales. Sin recuperación efectiva del dinero, sin inhabilitaciones severas y sin sentencias proporcionales al daño causado, la corrupción seguirá siendo una apuesta de bajo riesgo. Panamá necesita una justicia que no solo condene, bajo el estricto respeto de la presunción de inocencia y el debido proceso, sino que recupere lo robado y demuestre que el poder no está por encima de la ley.