Torre Financiera motivará traslado de hospitales

El ministro de Economía y Finanzas informa que, según las proyecciones efectuadas, Panamá tendrá un crecimiento económico, real y sostenido del 9% para el 2011. Los índices de crecimiento son halagadores, pero no se puede obviar que se mantiene una marcada desigualdad. Las utilidades y beneficios provenientes de ese auge económico continúan concentrados en un minúsculo grupo de empresarios y políticos.

Si bien se desarrolla un conjunto de proyectos de gran envergadura, como la construcción del moderno sistema de metrobús, la ampliación del Canal y el aeropuerto de Tocumen, entre otros, que representan enormes erogaciones de dineros provenientes de la aportación de nuestros impuestos, también viene incrementándose la deuda pública, más allá de lo previsto.

Esta situación debe mirarse con lupa, para no incurrir en excesos que posteriormente nos lleven a un déficit fiscal, situación que repercutiría negativamente en los servicios que el Estado tiene que ofrecer.

Frente a este panorama, resulta injustificable que mientras el gobierno incrementa la deuda pública a través de inversiones, algunas veces innecesarias e incrementa los impuestos a la población, presenta y aprueba leyes de exoneración impositiva, favoreciendo a un minúsculo sector de inversionistas, como al Consorcio ‘Unidos por el Canal’.

Acciones como la descrita deben llevarnos a la reflexión, toda vez que favorecen el enriquecimiento de algunos empresarios, a costa de la tributación de los contribuyentes. Mientras Juan Pueblo continúa desgastándose en el día a día, tratando de encontrar solución a sus necesidades de alimentación, vestido, vivienda y transporte, producto de la disminución del poder adquisitivo del dólar frente al incesante encarecimiento del costo de la vida.

A este contexto, se suma la insatisfacción de un considerable porcentaje de ciudadanos, cuando se promueven proyectos no prioritarios y sin mayores beneficios para la población.

Tal es el caso de la llamada Torre Financiera (Tuza), cuyo costo de construcción se estima entre 180 y 200 millones de dólares, proyecto abanderado por el ministro de Economía y Finanzas; quien en declaración a los medios argumentó que ‘este se pagará con el dinero que están pagando en concepto de alquiler las instituciones públicas que la utilizarán, además de lo que paguen las entidades del sector privado que han mostrado interés en instalarse en el moderno inmueble’.

Quienes se oponen al proyecto consideran que la construcción de la Tuza afectará negativamente tanto el valor patrimonial como la funcionalidad del Hospital Santo Tomás. Además, que los dineros del Estado deben ser utilizados en obras que generen mayor beneficio social.

En publicación de 28 de mayo, de El Siglo, en Opinión, se hace referencia a declaraciones del ministro Vallarino, donde expresa que ‘los terrenos del Hospital Santo Tomás no se verán afectados, más bien se complementarán los servicios del nosocomio, proporcionándoles estacionamientos soterrados (que hacen falta) y restaurantes (que beneficiarán a los usuarios y empleados), acceso a medios de transporte, entre otras ventajas’. Entonces, ¿por qué ya se habla de trasladar el Hospital del Niño a los terrenos que hoy albergan el Hospital Psiquiátrico Nacional en Villa Lorena?

*ECONOMISTA Y EDUCADORA.