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05 de Feb de 2023

  • Redacción Digital La Estrella

Opinión

Panamá en las negociaciones de paz

Las recientes declaraciones del presidente Juan M. Santos y el dirigente máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, anunciando el inicio de ne...

Las recientes declaraciones del presidente Juan M. Santos y el dirigente máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, anunciando el inicio de negociaciones de paz, presagian un nuevo escenario para Colombia. Fueron pocos los sorprendidos en ese país por la noticia. No es la primera vez que ambas partes se sientan para iniciar conversaciones de paz.

Desde la década de 1950, cuando el pueblo colombiano —representado por el Ejército Popular de las FARC— se alzó en armas contra la clase terrateniente de ese país, ha habido muchas conversaciones de paz.

No podemos opinar sobre la forma en que Washington reaccionó ante la noticia. Las agencias de inteligencia norteamericanas, el gobierno y sus voceros mediáticos han caído en el silencio más absoluto. Las cadenas de televisión han reproducido la noticia sin comentarios, como si se tratara de un alza del precio del café o inundaciones en Santa Marta.

EE.UU. ha invertido en los últimos diez años más de $50,000 millones sólo en ventas de armas a Colombia. Bogotá es una pieza clave en la geopolítica hemisférica de Washington. Si Colombia tomara un camino más moderado —parecido a Brasil o Uruguay— en su política exterior, le daría un golpe certero a los objetivos hegemónicos de EE.UU. en la región.

En Panamá el gobierno también ha asumido una posición de silencio total. En forma sistemática, desde hace aproximadamente 10 años la creciente militarización del país se ha sustentado sobre la base del supuesto peligro que representa la guerrilla colombiana para Panamá. EE.UU. insiste en sus programas mediáticos cotidianos en asociar las FARC con ataques potenciales de estas fuerzas contra el Canal de Panamá. El Comando Sur realiza operaciones militares sobre las costas panameñas, supuestamente resguardando su integridad ante el peligro de lo que llama la ‘narco-guerrilla terrorista’.

Ahora la ‘peligrosa’ guerrilla colombiana se sentará a negociar con el gobierno de ese país. ¿Qué pasó? Obviamente, la primera conclusión que debe sacarse del anuncio es que las FARC no son una amenaza a la seguridad de Panamá. En segundo lugar, el Canal de Panamá nunca ha estado amenazado por fuerzas insurgentes colombianas. En tercer lugar, Panamá tiene que recuperar su soberanía y desarrollar una política exterior soberana e independiente, sin someterse a los intereses mercantiles y militaristas de EE.UU.

¿Puede seguir el gobierno panameño —mientras que Bogotá y la guerrilla negocian la paz— comprándole armas a EE.UU. para supuestamente defender la frontera con Colombia? ¿Puede seguir enviando jóvenes a EE.UU. para entrenarlos en el arte de la guerra (para que regresen a un país que constitucionalmente no tiene ejército)? ¿Seguirá el gobierno panameño aislando y persiguiendo comunidades campesinas acusadas de ser ‘colaboradores’ de la guerrilla colombiana, mientras ésta negocia la paz con el presidente Santos?

Sin duda, las negociaciones son el resultado de un cambio significativo en la correlación de fuerzas entre los dos bandos en guerra. Bogotá no puede seguir financiando una guerra sin fin contra un pueblo decidido a enfrentarlo. Igualmente, las FARC no pueden continuar sin tregua una guerra que agota sus reservas. En esta nueva situación le corresponde a Panamá asumir un rol mediador que contribuya a la paz. No es una tarea difícil, Panamá tiene una larga experiencia sobre este terreno y tiene los mediadores mejor preparados para ese oficio. A los gobernantes panameños les falta visión de mundo y, aún más, voluntad política.

Este es el momento en que Panamá puede intervenir apoyando los esfuerzos de paz en el país vecino. Además, Panamá puede contribuir a buscar la solución a la crisis creada por el tráfico ilegal de drogas prácticamente sin control en EE.UU. Colombia y Panamá pueden aliarse para poner fin al flagelo del tráfico ilícito, si asumen políticas cónsonas con sus intereses. Todos los países del Gran Caribe y Sur América —UNASUR o CELAC— pueden establecer un pacto para garantizar el camino hacia la paz en Colombia. Además, formar una gran alianza junto con México para cortar de raíz el flujo ilícito de drogas a EE.UU., que es el gran consumidor y financista de los movimientos continentales.

Una encuesta publicada recientemente dice que el 74,2% de los colombianos apoya un diálogo con las FARC. Incluso, el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, declaró que la salida no está por la vía de las armas. Señaló que ‘la superación de este conflicto de tantas décadas es a través de un proceso de paz’.

El comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, reconoció que el proceso de paz no estará exento de peligros. Aseguró que tienen la convicción de que en esta ocasión será diferente y logrará ‘la consecución de una paz democrática y justa... A un lado del camino deben quedar los firmantes de fabulosos contratos salidos de la guerra, los que encuentran en el conflicto militar un rápido camino de enriquecimiento’. Londoño destacó tres objetivos como ejes del proceso de negociación: Primero, hay que respetar los derechos humanos en todos los rincones del país. Segundo, hay que impulsar el desarrollo social con equidad que le permita crecer al país. En tercer lugar, la ampliación de la democracia es condición para lograr la paz.

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA DE LA UP E INVESTIGADOR ASOCIADO DEL CELA.