El primer aviso

Lo advertimos los 27 diputados de oposición en el 2005 cuando votamos en contra de las reformas al sistema de seguridad social propuestas por el Ejecutivo, por considerarlas insuficientes y no confiables. A escasos ocho años, se escuchan autorizadas voces que advierten lo que entonces puntualizamos: el agotamiento a corto plazo de las reservas del sistema de ‘beneficio definido’ del programa de jubilaciones y pensiones, problema que afecta tanto a quienes en el 2008 cotizaban como también a beneficiarios en esa fecha. A partir del 2008 todo nuevo cotizante o beneficiario solo puede entrar al nuevo sistema de ‘reparto mejorado’.

Como diputada de la Asamblea Nacional en el período 2004-2009, viví muy de cerca la crisis causada por la aprobación de la desacertada Ley 17 de 2005, elaborada por aquel Ejecutivo entonces, que recibió el rechazo popular inmediato y fue reemplazada tras seis meses de discusiones en una Mesa de Diálogo cuestionada.

El problema con jubilaciones envuelve tecnicismos incomprensibles para alguien no versado en cálculos actuariales, pero una cosa resulta clara: las cuotas aportadas durante su vida productiva no alcanzarán para cubrirle al beneficiario el monto a recibir el resto de su vida. Entonces ¿cómo se cubre la diferencia?

Durante mi participación como diputada se dieron extensos debates sobre anteriores crisis de la CSS. Constan en actas: crisis generadas por desordenes en los años 70; desfalcos millonarios en programas colectivos de viviendas en los años 80; reformas de 1991 que aumentaron las edades de jubilación y medidas que trataban de dar espacio para encontrar soluciones de largo plazo; esfuerzo del 2001 con una mesa de diálogo improductiva, sin ningún resultado.

La campaña electoral del 2004 inevitablemente puso en el tapete la suerte de la CSS. El entonces ganador prometió reducir su déficit actuarial, consolidar sus finanzas en todos sus programas, mejorar sus prestaciones; presentó su proyecto de reforma el 18 de mayo del 2005 y dos semanas después la Asamblea lo convirtió en Ley 17. Pero la protesta popular, volcada a las calles, obligó su abrogación ese mismo mes y forzó una Mesa de Diálogo con la participación de representantes de más de trece gremios y organizaciones —gobierno, jubilados, médicos, empresarios, profesionales, trabajadores, maestros—, cuyo resultado se concretó seis meses más tarde en la Ley 51. Entre otras cosas, se aseguró que la nueva ley garantizaría la estabilidad financiera del sistema de ‘beneficio definido’ hasta el 2060, mediante un aporte del Estado por un total de B/.7,245,000.00.

Veintisiete diputados nos opusimos, por considerar la ley incompleta, ineficaz e injusta. Es curioso que el vicepresidente de entonces alabara la aprobación ante el Pleno, porque, dijo, ‘habrá mejores condiciones y certeza en las jubilaciones de todos los panameños, de los que hoy gozan de una pensión, de los que hoy trabajan y cotizan a la institución’.

Hoy, se cuestionan esos vaticinios optimistas. Han transcurrido escasos ocho años; ya se advierte la inevitabilidad del déficit que se producirá en el año 2025 en el sistema de ‘beneficio definido’, debido al aumento en los últimos cinco años del número de beneficiarios y la disminución de cotizantes que no tienen acceso al sistema.

La experiencia que vivimos con la aprobación intempestiva de aquella Ley 17, su rechazo popular y su sustitución por la Ley 51, acordada en una cuestionada Mesa del Diálogo, debe llevarnos a una seria reflexión para no repetir hoy errores del pasado por la falta de un estudio detenido con la debida anticipación. Tenemos que aceptar que algo se tiene que sacrificar para salvar el sistema. Es justo que el sacrificio sea consensuado y compartido.

EX DIPUTADA DE LA REPÚBLICA.