Abogados Gremialistas rechazan presunta irrupción de Contraloría en fiscalía anticorrupción

El Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG) expresó este viernes 10 de abril su rechazo a lo que considera una vulneración de la separación de poderes y de la institucionalidad judicial, tras conocerse de la presunta irrupción del contralor general de la República, Anel Flores, en una fiscalía anticorrupción este jueves 9 de abril..

A través de un comunicado público, el MAG cuestionó la presunta intervención de funcionarios de la Contraloría General de la República en diligencias relacionadas con la práctica de pruebas dentro de fiscalías anticorrupción.

No obstante, la Contraloría General de la República negó la tarde de este 10 de abril haber irrumpido en la fiscalía ni interferido con sus investigaciones en curso.

“En ningún momento, funcionarios de la Contraloría ni el contralor [Anel Flores], han irrumpido en diligencias del Ministerio Público ni interferido en investigaciones en curso”, afirmó la entidad.

Según la Procuraduría, esos funcionarios intervinieron durante la diligencia, lo que impidió que la misma pudiera concluirse.

Los auditores estaban siendo entrevistados por requerimiento de la autoridad competente dentro de una investigación que involucra a Carrizo.

‘ACTUACIONES INDEBIDAS’

El MAG calificó estas actuaciones como indebidas y advirtió que el Ministerio Público, en su calidad de titular de la acción penal, cuenta con autonomía constitucional que no puede estar subordinada a directrices de entidades administrativas.

En ese sentido, el gremio señaló que la participación de funcionarios de la Contraloría en actos investigativos penales, sin facultad legal ni citación previa, constituye —según su criterio— una extralimitación de funciones. Subrayaron que la labor de fiscalización debe limitarse a su ámbito y no interferir en la conducción técnica de las investigaciones judiciales.

Asimismo, el movimiento enfatizó que la separación de funciones es un pilar fundamental del sistema democrático, y advirtió que cualquier injerencia entre instituciones compromete la seguridad jurídica, la validez de las pruebas y el debido proceso.

En el pronunciamiento, el MAG exigió el cese inmediato de cualquier tipo de interferencia y exhortó a las autoridades a respetar la autonomía del Ministerio Público, recordando que el cumplimiento de la Constitución y la ley es obligatorio para todos los servidores públicos.

Además, el MAG indicó que se mantendrá en vigilancia permanente para garantizar que el ejercicio de la función pública se ajuste a las disposiciones legales vigentes. El documento fue suscrito por la vicepresidenta del movimiento, Jewell R. Willock.