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- 10/04/2026 16:16
La defensa también señaló que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de esclarecer los hechos y comunicar con transparencia al país la situación jurídica del caso.
La defensa del exvicepresidente José Gabriel Carrizo emitió este viernes 10 de abril un pronunciamiento público en el que exige el respeto al debido proceso y al Estado de derecho tras conocerse de la presunta irrupción del contralor general de la República, Anel Flores, en una fiscalía anticorrupción este jueves 9 de abril.
No obstante, la Contraloría General de la República negó la tarde de este 10 de abril haber irrumpido en la fiscalía ni interferido con sus investigaciones en curso.
“En ningún momento, funcionarios de la Contraloría ni el contralor [Anel Flores], han irrumpido en diligencias del Ministerio Público ni interferido en investigaciones en curso”, afirmó la entidad.
Según la Procuraduría, esos funcionarios intervinieron durante la diligencia, lo que impidió que la misma pudiera concluirse.
Los auditores estaban siendo entrevistados por requerimiento de la autoridad competente dentro de una investigación que involucra a Carrizo.
‘DEMOSTRAR INOCENCIA’
El equipo legal, aseguró que Carrizo muestra disposición de enfrentar a la justicia con el objetivo de demostrar su inocencia.
Asimismo, instaron a las autoridades competentes a garantizar el cumplimiento de la ley, el debido proceso y el principio de presunción de inocencia.
La defensa también señaló que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de esclarecer los hechos y comunicar con transparencia al país la situación jurídica del caso. En esa misma línea, cuestionaron la solidez de un informe que, según indican, presenta “inconsistencias graves”.
Otro de los puntos destacados del pronunciamiento es que, de acuerdo con la defensa, las medidas adoptadas han mantenido a su cliente detenido y con cuentas restringidas desde octubre de 2025, pese a que —afirman— no guardan relación con el manejo de fondos públicos.
Además, mencionaron que el Contraloría General de la República estaría al tanto de las supuestas inconsistencias del informe emitido, lo que, a su juicio, refuerza la necesidad de una revisión exhaustiva del proceso.
Los abogados reiteraron su compromiso con la institucionalidad democrática del país y aseguraron que continuarán defendiendo la inocencia de Carrizo dentro del marco legal vigente.
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