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Caso Carrizo: Colegio de Abogados denuncia ‘extralimitación’ de la Contraloría ante la Procuraduría
- 10/04/2026 13:48
El gremio advirtió que la presencia de funcionarios no citados en investigaciones penales carece de sustento jurídico.
El Colegio Nacional de Abogados (CNA) expresó este viernes 10 de abril su rechazo a las recientes actuaciones atribuidas a funcionarios de la Contraloría General de la República y recalcó que son una posible interferencia en diligencias adelantadas por la Procuraduría General de la Nación en casos de corrupción.
A través de un comunicado, el gremio calificó como una “grave extralimitación de funciones” la supuesta interrupción de prácticas de pruebas en fiscalías anticorrupción, destacando que estas actuaciones vulnerarían competencias que, por mandato legal y constitucional, corresponden exclusivamente a la Procuraduría.
La posición del CNA surge luego que el Ministerio Público informó que comenzó una investigación penal tras un incidente ocurrido en la sede de la Fiscalía Superior Anticorrupción, donde se desarrollaba una diligencia relacionada con un caso por presunto enriquecimiento injustificado.
De acuerdo con el comunicado oficial de la Procuraduría General de la Nación, la investigación surgiría luego de una denuncia presentada por una fiscal superior anticorrupción, quien alertó sobre la irrupción de funcionarios de la Contraloría General de la República de Panamá en medio de una entrevista a auditores de esa entidad.
Según la Procuraduría, estos funcionarios intervinieron durante la diligencia, lo que impidió que la misma pudiera concluirse. Ha trascendido que presuntamente entre las personas que habrían ingresado al despacho se encontraría el contralor general de la República, Anel Flores.
VALIDEZ DE LAS PRUEBAS
El gremio advirtió que la presencia de funcionarios no citados en investigaciones penales carece de sustento jurídico y podría comprometer la validez de las pruebas, además de poner en riesgo el debido proceso y la integridad de las investigaciones en curso.
En ese sentido, el CNA subrayó que en los delitos contra la administración pública, los informes de auditoría de la Contraloría deben ser debidamente sustentados, pero no pueden interferir en el desarrollo de las diligencias judiciales.
Asimismo, alertó que este tipo de acciones debilita la institucionalidad democrática, erosiona la separación de poderes y genera un precedente peligroso de injerencia en la administración de justicia.
El gremio hizo un llamado a las autoridades competentes para que adopten medidas que garanticen el respeto al Estado de Derecho y eviten la repetición de estos hechos.
También exigió el cese inmediato de prácticas que consideró indebidas, así como el respeto irrestricto a la autonomía e independencia del Ministerio Público.
El CNA reiteró que corresponde a los fiscales practicar las pruebas necesarias para esclarecer los hechos investigados, en apego a la legalidad y objetividad, con el fin de fortalecer la confianza ciudadana en el sistema judicial.
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