Rechazan ratificación de Ábrego y Belsio

Once organizaciones cívicas y de derechos humanos, mediante una carta abierta dirigida al presidente de la República, Juan Carlos Varela, rechazan la ratificación del comisionado Frank Ábrego, como director del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), y de Belsio González, como director del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

En la misiva, fechada del 2 de julio del presente año, explican que ambas instituciones de seguridad tuvieron una cuestionada participación en los sucesos de Changuinola, en 2010, y en San Félix y Colón, en 2012.

El gobierno de Ricardo Martinelli sancionó la Ley 30 de 16 de junio de 2010, conocida también como ‘ley chorizo’, que promovía el desarrollo de la aviación comercial y eliminaba las evaluaciones de impacto ambiental para obras que sean declaradas de interés social, introducía reformas en los códigos Penal, de Trabajo y otras seis leyes, incluidas la Ley Orgánica de la Policía Nacional, la de Contrataciones Públicas y la del medio ambiente.

Entre junio y julio de 2010, se registraron violentas manifestaciones.

Las agrupaciones recordaron a Varela que durante esos incidentes ‘se reprimió de manera brutal a cientos de conciudadanos, lo que dio como resultado más de ocho muertes, más de 67 lisiados y cientos de heridos’.

El gobierno derogó la Ley 30 el 8 de octubre de 2010, ante la presión ciudadana y el descontrol por los hechos violentos.

‘No solamente se han dado violaciones a derechos humanos durante estas protestas, igualmente la población de Darién ha denunciado las arbitrariedades y violaciones a los derechos y las libertades que sufren los moradores de esta provincia. Estos hechos son cometidos por el Servicio Nacional de Fronteras, que mantiene a estas personas en una especie de estado de sitio’, manifiestan al presidente.

Según el informe de la Comisión Especial que investigó los sucesos ocurridos entre el 5 y el 13 de julio de 2010 en Bocas del Toro y los otros reportes de las organizaciones de derechos humanos en los casos de San Félix y Colón, los agentes de Senafront y Senan fueron ‘los principales protagonistas del uso excesivo de la fuerza policial’.

Además, nunca hubo investigaciones por abuso de autoridad y el excesivo uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, del Senafront y del Senan.

‘Mantener en su cargo a los directores de estos dos estamentos de la Fuerza Pública es no reconocer que las instituciones de seguridad del país, que además fueron utilizadas para intervenir comunicaciones telefónicas y para realizar todo tipo de actos violatorios’, sostienen.

Las organizaciones rechazan, asimismo, el nombramiento del comisionado Omar Pinzón como jefe de la Policía, cuya Ley Orgánica, dicen, señala que se debe nombrar un director civil que no pertenezca a la carrera policial.

Los grupos proponen al mandatario cambios en el nivel directivo de las instituciones de la Fuerza Pública, para iniciar un proceso de revisión de todo el sistema de capacitación y de ascensos y que se investiguen todas las denuncias por abuso policial que proliferaron en estos últimos cinco años.