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- 11/03/2026 17:30
Autoridades investigan si operadoras aplicaron aumentos en telefonía e internet sin avisar con 30 días, como exige la cláusula 48 del contrato de concesión
Las autoridades panameñas investigan si las operadoras de telecomunicaciones aplicaron aumentos en servicios de telefonía móvil e internet sin cumplir con la obligación de informar previamente a los usuarios.
El administrador general de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Ramón Abadi, confirmó que la institución mantiene abierta una investigación tras recibir múltiples denuncias de consumidores que reportan incrementos en el costo de servicios, especialmente en paquetes de telefonía móvil prepago.
“Muchísimos consumidores comenzaron a hacernos la advertencia de que estaban subiendo los precios de una manera que no entendían y que no se les daban las explicaciones debidas”, señaló Abadi durante declaraciones ofrecidas en la feria Expocomer 2026.
Según explicó, la investigación inició en enero y se formalizó con la apertura de un expediente el 19 de febrero, luego de que las quejas comenzaran a repetirse entre los usuarios.
Investigación busca determinar si hubo aviso previo
Uno de los puntos centrales del análisis es determinar si las empresas cumplieron con la obligación de informar con anticipación cualquier incremento en sus tarifas.
De acuerdo con la cláusula 48 de los contratos de concesión de telefonía móvil, denominada “Publicación de precios y/o promociones”, los concesionarios deben comunicar a los usuarios cualquier aumento en los precios con 30 días calendario de anticipación antes de su entrada en vigencia.
Las denuncias presentadas ante las autoridades señalan que algunos usuarios detectaron cambios en los costos de paquetes de datos o servicios de telefonía móvil sin que se anunciara previamente el ajuste.
Las operadoras señaladas en las quejas son Tigo Panamá y Cable & Wireless Panamá, esta última bajo la marca comercial Más Móvil.
Una revisión de documentos corporativos públicos y comunicaciones empresariales recientes no muestra anuncios formales de incrementos tarifarios dirigidos a los usuarios con la anticipación que exige la cláusula contractual, por lo que las autoridades buscan determinar si los cambios reportados por consumidores se aplicaron sin cumplir este requisito.
Investigación surge por denuncias de consumidores
Abadi explicó que el proceso comenzó a partir de las quejas recibidas por la institución.
“Esta investigación en especial sale de denuncias de muchísimos consumidores que comenzaron a advertir que los precios estaban subiendo y no entendían por qué”, indicó.
Agregó que la Acodeco también puede actuar de oficio cuando detecta comportamientos en el mercado que podrían afectar a los consumidores.
“Nosotros entramos cuando vemos que hay algo que se debe analizar para que no se desvirtúe el mercado y para que no afecte a todos los consumidores en general”, sostuvo.
La investigación se realiza en coordinación con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), entidad reguladora del sector de telecomunicaciones en Panamá.
Posibles prácticas que afecten el mercado
Además de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las autoridades analizan si existen indicios de prácticas que puedan distorsionar la competencia.
Abadi explicó que, aunque las empresas pueden fijar sus precios en un mercado de libre competencia, la Acodeco interviene si observa señales de posibles irregularidades.
“Las compañías son libres de poner el precio que deseen, porque esto es libre mercado, pero si hay algún indicio de que pareciera que no fuera de la manera correcta o que se hubiesen puesto de acuerdo, nosotros vamos a investigar”, afirmó.
Posibles sanciones
Si la investigación determina que hubo incumplimientos o prácticas que afecten a los consumidores, la Acodeco podría llevar el caso ante los tribunales.
“Una vez la investigación nos dé pie, nosotros procedemos judicialmente. Vamos a los juzgados de comercio, presentamos nuestras pruebas y solicitamos la intervención del juez”, explicó Abadi.
Las sanciones podrían alcanzar multas de hasta $250 mil o incluso $1 millón, dependiendo de lo que determinen las investigaciones.
Antecedentes de aumentos anunciados
En ocasiones anteriores, los ajustes tarifarios sí fueron comunicados públicamente.
Por ejemplo, en 2023, Telecomunicaciones Digitales S.A., operadora de la marca Tigo, informó mediante un comunicado que aplicaría un ajuste de 6 % en los servicios de internet y televisión residencial y comercial, debido al incremento general en costos operativos.
El anuncio indicaba que el cambio entraría en vigencia el 1 de marzo de ese año.
La diferencia con la situación actual es que las autoridades investigan si los incrementos denunciados por los usuarios se aplicaron sin el aviso previo de 30 días establecido en los contratos de concesión.
Menor competencia en el mercado
El administrador de Acodeco también advirtió que el mercado de telecomunicaciones cambió en los últimos años y que la reducción en el número de operadores podría influir en la dinámica de precios.
“Antes teníamos cuatro operadores telefónicos y ahora tenemos solo dos. Esa pérdida de competitividad nunca debió suceder”, señaló.
Según explicó, una mayor competencia permite que los consumidores puedan cambiar de operador con mayor facilidad cuando no están conformes con el servicio o las tarifas.
Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades exhortan a los usuarios que detecten cambios en sus tarifas a presentar las denuncias correspondientes para fortalecer el proceso de análisis del mercado.
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