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Asamblea Nacional da luz verde a ley que exige rendición de cuentas en gobiernos locales
- 28/03/2026 11:56
La iniciativa introduce por primera vez un mecanismo formal de traspaso de mando entre autoridades salientes y entrantes.
El pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley No. 11, objetado previamente por el Ejecutivo, que establece un proceso ordenado de transición en los municipios y las juntas comunales, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en los gobiernos locales.
La iniciativa, aprobada este viernes 27 de marzo, que ahora queda a la espera de sanción presidencial para convertirse en ley, introduce por primera vez un mecanismo formal de traspaso de mando entre autoridades salientes y entrantes, considerado un avance relevante en materia de gestión pública local.
El proyecto de ley, que reforma las leyes No. 105 y 106 de 1973 sobre organización comunal y régimen municipal, establece que las autoridades locales deberán presentar un informe de gestión dentro de los 30 días calendario posteriores al cierre de su periodo.
Además, este informe deberá incluir detalles clave como ingresos y egresos, proyectos ejecutados, bienes adquiridos, estado financiero, inventario actualizado de activos, contratos vigentes y compromisos pendientes.
Según el proponente, el diputado Neftalí Zamora, la medida permitirá una transición más transparente y ordenada, facilitando a las nuevas autoridades conocer la situación real de cada administración local.
Por su lado, el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, destacó que la normativa fortalece la continuidad administrativa, la descentralización y los mecanismos de control en municipios y juntas comunales.
Herrera dijo que la obligatoriedad de presentar informes detallados y auditorías contribuirá a una gestión más ética y transparente frente a la ciudadanía.
El proyecto de ley había sido objetado parcialmente por el presidente José Raúl Mulino, principalmente en sus artículos No. 1 y No. 3, al considerar que introducían excepciones al manejo presupuestario de los gobiernos locales que podrían contravenir disposiciones constitucionales.
También se señalaron conflictos de competencias con la Contraloría General de la República de Panamá, al asignar funciones que corresponden a esta entidad.
Tras el debate, los diputados aprobaron un pliego de modificaciones que atendió las observaciones por inconveniencia e inconstitucionalidad, ajustando el contenido del proyecto.
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