Bioetanol en Panamá: Mulino defiende proyecto de ley pese a críticas por su uso obligatorio

El presidente José Raúl Mulino se refirió la mañana de este jueves 26 de marzo al avance del proyecto de ley que regula el uso de bioetanol en el país y señaló que la iniciativa continúa su curso en la Asamblea Nacional y podría ser aprobada en un plazo razonable.

Consultado sobre una posible fecha para el segundo debate del proyecto de ley, Mulino indicó que, aunque se trata de una propuesta impulsada por el Ejecutivo, su discusión depende del ritmo legislativo.

“Es un proyecto que, si bien es del Ejecutivo, avanza en el segundo debate y creo que puede, dentro de un periodo razonable de tiempo, ser aprobado para beneficio de todos”, expresó el mandatario.

En relación con los cuestionamientos que han surgido sobre la obligatoriedad del uso de bioetanol en los combustibles, Mulino reconoció no ser un experto en el tema y sugirió que sean las autoridades técnicas quienes profundicen en ese aspecto.

En ese sentido, mencionó que instancias como la Secretaría Nacional de Energía cuentan con el conocimiento necesario para aclarar las dudas.

El presidente también explicó que, según su entendimiento, el bioetanol no se comercializa de forma separada al consumidor final, sino que ya viene incorporado en la mezcla del combustible. “No es que usted va a la bomba de gasolina y echa de una manguera etanol y de la otra gasolina. Esto ya viene mezclado en el combustible”, precisó.

Este 24 de marzo la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional aprobó, por cinco votos a favor, cuatro en contra y una abstención, en primer debate el proyecto de ley No. 443, que impulsa el uso de bioetanol en Panamá, una iniciativa que, según el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, representa un paso “muy positivo” para el país.

Rodríguez explicó que la propuesta deberá superar aún el segundo y tercer debate, además de la sanción presidencial y su promulgación en Gaceta Oficial, antes de convertirse en ley de la República.

No obstante, adelantó que su implementación generaría “un proceso importante” con efectos en distintos sectores.

Entre los principales beneficios, el funcionario destacó la creación de empleos, el impulso a la economía rural y el desarrollo del sector agropecuario.

“Va a involucrar una generación de empleos importantes para el país, una mejora sustancial en las áreas rurales y el desarrollo del agro”, afirmó.