Caso Lili Pink: devolución del IVA destapó irregularidades y llevó a investigación por lavado y contrabando

El caso Lili Pink pasó de una revisión tributaria a una investigación penal por presuntos delitos de contrabando y lavado de activos, tras una serie de hallazgos que encendieron las alertas de las autoridades colombianas desde 2021.

De acuerdo con información publicada por el diario colombiano El Tiempo, el origen del proceso se remonta a una solicitud de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) presentada por la empresa, lo que derivó en auditorías por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Fue en ese proceso de fiscalización donde comenzaron a detectarse inconsistencias en la información reportada por la compañía, lo que posteriormente escaló a una investigación de mayor alcance liderada por la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades ejecutaron operativos en establecimientos vinculados a la marca de ropa femenina, en el marco de una investigación por presuntos delitos de contrabando y lavado de activos. Como parte de estas acciones, se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre bienes asociados a la empresa.

El caso evolucionó de una revisión administrativa a un proceso penal luego de que las irregularidades detectadas superaran la competencia de la Dian, abriendo paso a la intervención de la Fiscalía.

Christian Quiñónez, exsubdirector de Fiscalización de la Dian, explicó en entrevista con Caracol Radio que la investigación se originó precisamente por la solicitud de devolución del IVA.

“El punto en el que Lili Pink empieza este proceso es porque pide devolución del IVA, seguramente sin ese trámite hubiese pasado desapercibido”, afirmó.

Durante las auditorías, la Dian habría identificado la existencia de empresas proveedoras que, en realidad, no existían.

“Se logró identificar que había empresas que eran de fast moda y se logró identificar que los proveedores no existían”, señaló Quiñónez.

Según el exfuncionario, una de las modalidades detectadas corresponde al denominado contrabando técnico, que implica reetiquetar productos importados para hacerlos pasar como mercancía nacional.

Este hallazgo resultó clave para que el caso escalara a una investigación penal por posibles delitos financieros.

Otro elemento relevante surgió tras el hallazgo de una libreta con nombres de funcionarios de la Dian, lo que derivó en nuevas líneas de investigación sobre posibles vínculos internos con las operaciones irregulares.

De acuerdo con Quiñónez, estos indicios motivaron procedimientos adicionales para determinar el alcance de la presunta red.

“Normalmente, cuando una empresa pide devoluciones está propensa a auditoría. Y en ese proceso se empezó a detectar que existían supuestas compañías que eran proveedores (...) y que realmente no existían”, explicó.

El exsubdirector también advirtió que las labores de inspección enfrentaron obstáculos, incluyendo filtraciones que habrían alertado a la empresa sobre las visitas de control.

“Las visitas fueron complejas porque alertaban a la empresa y los advertían de las visitas”, indicó.

Además, señaló que algunos funcionarios de la Dian habrían recibido amenazas durante el desarrollo de las investigaciones, lo que complicó aún más el proceso de fiscalización.