Caso Patrimonio Histórico: Auditorías revelan presunto sobreprecio de $100 millones en obras del MOP

La fiscal superior Anticorrupción, Ruth Morcillo, explicó al mediodía de este lunes 10 de marzo que diversas auditorías y peritajes técnicos han permitido establecer un presunto sobreprecio superior a los 100 millones de dólares en proyectos vinculados al Ministerio de Obras Públicas (MOP), entre ellos la ampliación de la vía Domingo Díaz y obras relacionadas con patrimonio histórico.

Morcillo ofreció sus declaraciones este lunes que comenzó la fase de alegatos en el juicio por el caso conocido como Patrimonio Histórico, el cual se realiza en el Palacio Gil Ponce, sede de la Corte Suprema.

Este viernes concluyó la presentación de los testigos presentados por los equipos de la defensa de los supuestos implicados.

En este caso hay nueve personas imputadas por el presunto delito de peculado, entre ellas el exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, otros exfuncionarios del MOP.

También están supuestamente implicados miembros de la comisión evaluadora encargada de evaluar los proyectos viales.

Según Morcillo, la investigación se apoya en varias evaluaciones técnicas realizadas por la Contraloría General de la República, que incluyen auditorías y ampliaciones de auditoría sobre el manejo de los fondos públicos en estos proyectos.

Morcillo indicó que, en el caso de la vía Domingo Díaz, existen dos auditorías de la Contraloría, además de una auditoría interna del propio MOP, las cuales coinciden en detectar indicios de sobreprecio en los costos de las obras.

A estas evaluaciones se suma, según explicó, la ratificación de los auditores durante el desahogo probatorio dentro del proceso judicial, así como un peritaje técnico sobre precio razonable realizado por el especialista Arístides Hernández.

“Todas esas evaluaciones científicas y técnicas por parte de la Contraloría llevan a establecer numéricamente, de forma cuantificable, el sobreprecio”, señaló la fiscal.

ANÁLISIS

Morcillo explicó que, desde la perspectiva del Ministerio Público, el análisis se centra en determinar la existencia de la conducta delictiva y la intención de los involucrados.

De acuerdo con la fiscal, para poder atribuir responsabilidad penal se debe demostrar no solo que hubo irregularidades, sino también que las personas investigadas tenían conocimiento de los hechos y participaron en ellos.

En ese sentido, indicó que en algunos casos la Fiscalía no pudo demostrar que determinados integrantes de comisiones evaluadoras tuvieran conocimiento de un posible pacto irregular para adjudicar contratos, lo que representa un elemento clave para determinar si una persona es autora o partícipe del delito.

“Ante la duda, que es netamente por un tema probatorio, el Ministerio Público objetivamente tiene que hacer la solicitud que corresponde en derecho”, explicó.