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- 16/01/2026 12:42
La Contraloría señaló que la medida obedece a la necesidad de garantizar la correcta prestación del servicio, toda vez que la Aaud ya había intervenido el servicio el 1 de enero de 2026 en los nueve corregimientos del distrito.
La Contraloría General de la República informó al mediodía de este viernes 16 de enero que no refrendó los contratos relacionados con el servicio de recolección de residuos sólidos en el distrito de San Miguelito, tras detectar inconsistencias legales, técnicas y presupuestarias que impiden su viabilidad.
De acuerdo con una nota de prensa de la entidad, la decisión se adoptó luego de un análisis integral realizado por las áreas legal, técnica y jurídica de la institución.
El pronunciamiento está contenido en la Resolución No. OI-2026-013, emitida el 13 de enero de 2026, mediante la cual la Junta Directiva Extraordinaria de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (Aaud) instruyó iniciar el proceso de contratación del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en San Miguelito, para el período comprendido entre el 19 de enero de 2026 y el 5 de julio de 2027.
La Contraloría señaló que la medida obedece a la necesidad de garantizar la correcta prestación del servicio, toda vez que la Aaud ya había intervenido el servicio el 1 de enero de 2026 en los nueve corregimientos del distrito. Según el informe, esta situación genera una dualidad en la prestación, lo que jurídicamente hace inviable el refrendo de los contratos.
Entre las principales inconsistencias detectadas se encuentran la falta de permisos y autorizaciones obligatorias emitidas por la Aaud para la prestación del servicio; la ausencia del permiso sanitario de operación vigente, expedido por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Salud; e inconsistencias contractuales relacionadas con la claridad en la cantidad de pagos, los alcances del contrato, los términos de referencia, los plazos reales de ejecución y la falta de desglose de pagos por excedentes no autorizados, los cuales no cuentan con sustento legal ni presupuestario.
En materia de fiscalización, la Contraloría también advirtió que no existe una partida presupuestaria debidamente identificada en el Presupuesto Multianual para la vigencia 2026 que respalde el contrato; que no se aportó un estudio de mercado ni un análisis de precios que sustente el costo del servicio; y que no se presentó un desglose técnico del costo por tonelada, debidamente validado y respaldado.
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