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Basura, presión y llamadas: el choque frontal entre Irma Hernández y Anel ‘Bolo’ Flores
- 14/01/2026 10:40
El contralor de la República defendió su actuación ante críticas de la alcaldesa de San Miguelito, en un conflicto marcado por la crisis de basura, contratos sin refrendo y tensiones políticas
La crisis por la recolección de basura en San Miguelito dejó de ser únicamente un problema de salud pública para convertirse en un enfrentamiento político e institucional entre la alcaldesa del distrito, Irma Hernández, y el contralor general de la República, Anel Flores.
El conflicto se agudizó luego de que el Gobierno nacional autorizara a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) asumir de forma temporal y total la recolección de residuos en el distrito, tras la interrupción del servicio. La medida, adoptada bajo el argumento de una emergencia sanitaria, fue cuestionada por Hernández por falta de comunicación, coordinación y planificación.
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“San Miguelito no merece improvisación”
En una conferencia de prensa ofrecida este martes, la alcaldesa denunció que la decisión del Ejecutivo le fue comunicada únicamente mediante un video en redes sociales y la publicación de una resolución en Gaceta Oficial, sin aviso previo ni consulta con el municipio.
“San Miguelito no merece improvisación ni decisiones de una noche para el día siguiente”, afirmó Hernández, visiblemente molesta por lo que consideró un nuevo proceso de centralización de un servicio municipal clave.
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La alcaldesa recordó que desde hace más de tres años, incluso antes de ser candidata, recorrió el distrito y constató que la basura era el principal problema de los vecinos, por lo que defendió que cualquier solución debe tener como único beneficiario a la comunidad.
La llamada a Revisalud y las dudas éticas
Uno de los señalamientos más delicados de Hernández fue la revelación de una llamada recibida en diciembre, en la que se le solicitó una reunión con la propietaria de Revisalud, empresa cuya salida de San Miguelito ha sido una prioridad de su administración.
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Para la alcaldesa, ese contacto levantó interrogantes legítimas sobre ética, intereses y debido proceso, especialmente cuando aún no se han refrendado los contratos de tres empresas transitorias aprobadas por el Consejo Económico Nacional para asumir la recolección a partir del 19 de enero.
“¿Cuáles son los intereses detrás de esta contratación?”, cuestionó Hernández, quien pidió al presidente de la República derogar la resolución que centraliza el servicio y abrir un espacio para revisar el procedimiento.
Flores admite la llamada y rechaza conflicto de interés
Horas después, el contralor Anel Flores confirmó en Mesa de Periodistas que sí realizó la llamada, pero negó categóricamente cualquier interés indebido. Según explicó, actuó como un “puente” para facilitar una reunión solicitada por la empresaria, quien —dijo— buscaba únicamente explicar su salida del país y cerrar su relación con el municipio.
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“No tengo ningún interés. Fue una llamada de cortesía”, sostuvo Flores, quien aseguró que la reunión se realizó con la aceptación de la propia alcaldesa y que Revisalud no tiene intención de participar en nuevos procesos de contratación en Panamá.
El choque por los contratos y el refrendo
El contralor elevó el tono del enfrentamiento al referirse a la gestión municipal. Afirmó que desde inicios de año se le ofreció apoyo del Gobierno central para atender la crisis de basura, ayuda que —según él— fue rechazada.
También cuestionó que el municipio mantenga dos procesos paralelos: una licitación pública abierta y, simultáneamente, una contratación excepcional por 3.8 millones de dólares, cuyo pago, dijo, se pretende trasladar al Gobierno central mientras el municipio conservaría los ingresos por tasas de aseo.
En cuanto al refrendo de los contratos transitorios, Flores aseguró que estos ingresaron a la Contraloría apenas la noche del lunes, por lo que rechazó las acusaciones de retraso deliberado.
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“La Contraloría no trabaja bajo presión”, advirtió, y acusó a la alcaldesa de llevar el proceso al límite para forzar decisiones rápidas bajo el argumento de una crisis sanitaria.
Dos visiones enfrentadas sobre el manejo de la crisis
Desde la óptica de la alcaldía, Hernández ha insistido en que su postura responde a la defensa del interés público, la transparencia y el respeto al debido proceso, y no a un conflicto político.
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Para la alcaldesa, el problema de fondo es evitar que la principal necesidad del distrito sea utilizada para beneficiar a intereses privados o decisiones improvisadas, en un contexto donde miles de residentes han vivido durante meses entre desechos y abandono institucional.
El choque entre Hernández y Flores se suma a una serie de desencuentros públicos documentados por La Estrella de Panamá, en medio de la salida de Revisalud, la incertidumbre laboral de sus trabajadores y una población que exige soluciones urgentes y sostenibles.
Un conflicto que trasciende la basura
Mientras el contralor defiende su rol fiscalizador y rechaza cualquier señalamiento de conflicto de interés, la alcaldesa de San Miguelito mantiene un discurso centrado en la dignidad del distrito y el derecho de sus vecinos a servicios eficientes y transparentes.
Más allá de la recolección de residuos, el enfrentamiento expone tensiones estructurales entre el Gobierno central y los municipios, y deja en evidencia que la crisis de la basura en San Miguelito es también una disputa por poder, control y responsabilidades.
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