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Contraloría reduce drásticamente el tope de refrendos en San Miguelito: de $50 mil a $1,000
- 21/01/2026 17:01
La Contraloría General de la República estableció un nuevo tope de mil dólares para las delegaciones de refrendo que ejercen servidores públicos exclusivamente en el Municipio de San Miguelito, según lo dispone la Resolución No. 150-DNFG, emitida este 16 de enero de 2026.
El documento, firmado por el contralor general de la República, Anel Flores, y publicado en la Gaceta Oficial No. 30447 este 20 de enero, modifica el literal (m) del artículo único de la Resolución No. 1703-DNFG de 2025 y fija el monto máximo que podrán refrendar los jefes y supervisores de Fiscalización en el Municipio de San Miguelito en mil dólares como parte de las medidas de control sobre el manejo de fondos públicos.
Anteriormente, los coordinadores, fiscalizadores y los jefes de Fiscalización podrían refrendar en la Dirección Nacional de Fiscalización Gneral, en los actos de manejo en las entidades, hasta 50 mil dólares.
Después de esta modificación los citados funcionarios solo en San Miguelito tendrán un tope de mil dólares.
La Estrella de Panamá conoció que las planillas ya no se procesarán en el Municipio de San Miguelito, sino que tienen que ir a la sede central de la Contraloría.
De acuerdo con la Contraloría, la decisión busca reforzar la fiscalización previa de los actos que impliquen erogaciones o afectaciones a los recursos del Estado, en cumplimiento de las facultades constitucionales y legales de la entidad.
La resolución detalló que los funcionarios delegados solo podrán refrendar compromisos hasta el límite establecido, mientras que montos superiores deberán seguir los procedimientos ordinarios ante instancias competentes, con el fin de garantizar mayor transparencia y control en la administración financiera municipal.
La medida entrará en vigencia a partir de su aprobación y ordena su publicación en la Gaceta Oficial, como lo establece la normativa vigente.
Este ajuste se da en el marco de las acciones de la Contraloría para fortalecer los mecanismos de supervisión del gasto público y asegurar un uso adecuado de los recursos estatales, especialmente a nivel municipal.