Un contrato, la Corte, y la protesta más larga en el país

El país ha vivido las manifestaciones más prolongadas, por lo menos después de la invasión de Estados Unidos a Panamá, e incluso se rompió el mito de que la sociedad panameña, excepto los indígenas, solo protesta de lunes a viernes y de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Todo arrancó un domingo, cuando cientos de jóvenes se concentraron en la cinta costera y marcharon por la calle 50 en contra de la Ley 406, que estable el contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals.

Fue el domingo 22 de octubre, dos días después de que la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el contrato, y horas después estaba sancionada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo.

Desde entonces y por un poco más de un mes, las calles de todo el país fueron testigos del enojo de los panameños y de enfrentamientos entre manifestantes y agentes antidisturbios de la Policía Nacional.

Las manifestaciones llegaron, incluso, a la residencia del presidente Cortizo, de diputados y de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La carretera Interamericana que conecta Panamá con el resto de Centroamérica y Norteamérica se mantuvo bloqueada en distintos tramos en el interior del país por indígenas que se sumaron al descontento por el contrato minero.

La provincia de Bocas del Toro y Chiriquí quedaron incomunicadas por vía terrestre con el resto del país, lo que generó el desabastecimiento de productos básicos como gasolina y gas para la cocina, y que los productos agrícolas no pudieran llegar a la ciudad capital, donde el precio de los alimentos se disparó.

Los grupos sindicales se agruparon en el movimiento Pueblo Unido; los ambientalistas, en el movimiento Panamá vale más sin minería, y los jóvenes se guiaron por Sal de las redes, una cuenta de X que promueve la participación ciudadana. Todos convocaron a manifestaciones que, en ocasiones, se unían.

En medio de esta crisis, el Ejecutivo convocó a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias para aprobar una ley que desde hace unos 20 años demandaban los grupos ambientalistas: Decretar una moratoria minera que desde el pasado 3 de noviembre es ley de la República.

A la Corte Suprema de Justicia llegaron sendas demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley 406 que, ayer, los magistrados empezaron a analizar para emitir un fallo, pero al cierre de esta edición (8:00 de la noche) aún no se había producido.

La Ley 406 nació como consecuencia de un fallo de inconstitucionalidad contra la Ley 9 de 1997, que aprobó el contrato de concesión original entre el Estado y Minera Petaquilla que, luego paso a manos de Minera Panamá. ¿La historia se repite en espiral?