Diputado propone bajar a 12 años la imputabilidad penal

El diputado José Antonio Pérez Barboni, del Partido Movimiento Otro Camino (MOCA), presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que propone modificar la Ley 40 de 1999, que regula el régimen de responsabilidad penal para la adolescencia, con el objetivo de reducir a 12 años la edad de imputabilidad penal y endurecer las sanciones aplicables a menores involucrados en delitos graves.

La iniciativa fue sustentada durante la sesión del 5 de enero de 2026, en un contexto marcado por el aumento de hechos violentos atribuidos a jóvenes que, según el diputado, están siendo utilizados por el crimen organizado debido a la flexibilidad del marco legal vigente.

Durante su intervención, Pérez Barboni afirmó que organizaciones criminales han encontrado en los adolescentes un “modus operandi perfecto”, al aprovechar un sistema que permite medidas cautelares leves incluso en casos de homicidio y otros delitos de alto impacto.

En ese sentido, calificó como una burla para las víctimas y para los estamentos de seguridad que un menor que comete un asesinato pueda enfrentar sanciones como la firma periódica o el impedimento de salida del país.

A su juicio, quien actúa como adulto debe responder penalmente como adulto, y la ley actual ha funcionado como un “chaleco de impunidad” que protege a jóvenes que ingresan de forma voluntaria a las filas del crimen organizado.

El anteproyecto plantea una reforma integral al régimen penal juvenil, que incluye devolver la edad de imputabilidad penal a los 12 años, revirtiendo modificaciones anteriores que elevaron ese límite, así como aumentar las penas para adolescentes de entre 12 y 18 años que cometan delitos como homicidio, violación, sicariato, pandillerismo y otros considerados graves.

Además, propone eliminar beneficios y medidas cautelares para quienes incurran en delitos atroces, con el fin de que enfrenten sanciones desde el inicio del proceso, y endurecer las penas por corrupción de menores, apuntando directamente a los jefes de pandillas y carteles que reclutan a jóvenes para actividades delictivas.

Para sustentar la urgencia de la iniciativa, el diputado de MOCA citó estadísticas del Ministerio Público correspondientes a 2025, que registran 1,117 denuncias contra menores en la provincia de Panamá, 643 en Panamá Oeste, 684 en Chiriquí y 256 en Colón. Reconoció que la propuesta es polémica y que podría entrar en tensión con convenios internacionales sobre derechos de la niñez, pero sostuvo que el Estado debe priorizar los derechos humanos de las víctimas y la seguridad ciudadana por encima de las garantías de quienes cometen delitos graves.

Incluso advirtió que impulsar esta reforma implica riesgos políticos y personales, al afectar lo que describió como la “herramienta de oro” del crimen organizado.

Pérez Barboni concluyó su intervención con un llamado a sus colegas diputados y a las autoridades de seguridad y justicia a abrir un debate amplio y buscar consensos que permitan enfrentar el delito desde sus causas estructurales y evitar que el sistema de justicia continúe favoreciendo al criminal.

El anteproyecto inicia ahora su trámite legislativo en la Asamblea Nacional, en un momento en que Panamá vuelve a debatir el equilibrio entre la protección de los derechos de los adolescentes y la respuesta del Estado frente al avance del crimen organizado.