FCC y hermanos Argüello demandan a Panamá por más de $300 millones

Panamá enfrenta dos nuevas demandas internacionales de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con reclamaciones que en conjunto alcanzan los $329 millones, según se reveló durante una sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Se trata de los casos FCC Construcciones, por unos $59 millones, y el de los hermanos Juan Carlos y Ernesto Argüello, por aproximadamente $270 millones, ambos sustentados en tratados internacionales de inversión y no necesariamente en contratos directos con el Estado.

Los detalles surgieron durante la discusión de un traslado de partida solicitado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para cubrir pagos administrativos exigidos por el CIADI en estos procesos arbitrales.

Demandas nuevas y millonarias

Durante la sesión, la doctora Margie-lys Jaime, jefa de la oficina de arbitraje de inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, confirmó que dos de los tres casos presentados son nuevos.

“En el caso de FCC y Juan Carlos y Ernesto Argüello, esta es la situación que se da, es decir, son casos nuevos y el CIADI está por primera vez solicitándole a la República de Panamá estos montos para costos administrativos”, explicó la funcionaria.

El caso de FCC Construcciones se fundamenta en el Tratado de Inversión entre España y Panamá y está vinculado a proyectos ejecutados bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas, aunque no relacionados con el sector salud, como inicialmente se había interpretado.

“Estamos hablando de unos 59 millones de dólares”, precisó Jaime ante las consultas de los diputados.

Por su parte, el arbitraje presentado por los hermanos Argüello asciende a $270 millones y se basa en presuntas afectaciones causadas por actuaciones u omisiones del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) durante la administración pasada.

Demandar sin contrato: una figura poco conocida

Uno de los aspectos que más inquietud generó entre los diputados fue que, en uno de los casos, no existe un contrato directo entre los demandantes y el Estado panameño.

“No estoy entendiendo con claridad cómo alguien que no tiene un contrato directo con el Miviot está reclamándole al Estado panameño 270 millones de dólares”, cuestionó la diputada independiente Janine Prado durante la sesión.

Ante esto, la doctora Jaime explicó que los arbitrajes internacionales no siempre nacen de contratos, sino también de tratados de inversión suscritos por el país.

“Una persona que no tiene un contrato perfectamente puede demandar al Estado sobre la base de un tratado de inversión si cree que sus derechos han sido vulnerados por alguna actuación u omisión del Estado”, aclaró.

Según detalló, este tipo de reclamos puede derivarse de decisiones de entidades del Órgano Ejecutivo, instituciones descentralizadas, leyes aprobadas por la Asamblea Nacional o incluso fallos judiciales.

“Cualquier actuación del Estado que el inversionista considere que vulneró sus derechos puede dar lugar a un arbitraje internacional”, añadió.

Otro punto que abrió el debate legislativo fue la ausencia de restricciones legales para que empresas o personas que demandan al Estado sigan contratando con él.

“Por el momento no tenemos ninguna limitante en cuanto a esas contrataciones”, respondió el director de presupuesto del MEF, Aurelio Mejía, ante la consulta de la diputada Prado.

La diputada consideró que este vacío merece una revisión desde el Órgano Legislativo.

“Creo que es algo importante a considerar, porque si una empresa nos está demandando y el proceso va a tomar años y recursos del país, deberíamos evaluar que no puedan seguir contratando con el Estado hasta que estos procesos se resuelvan”, planteó.

Costos que se pagan aunque el país gane

Aunque los pagos discutidos en la Comisión no corresponden a indemnizaciones, sino a costos administrativos del CIADI, estos salen directamente del presupuesto público.

La doctora Jaime explicó que estos montos suelen oscilar entre $150 mil y $250 mil por etapa, dependiendo del avance del proceso, y que los arbitrajes pueden extenderse entre cuatro y seis años.

“No hay forma de saber cuántos pagos serán, pero por experiencia se sabe que al menos son dos”, indicó.

No obstante, aclaró que estos gastos pueden ser recuperables si el tribunal arbitral falla a favor del Estado panameño, como ha ocurrido en casos anteriores.

El caso antiguo que sigue en curso

Además de las dos demandas nuevas, Panamá mantiene un arbitraje de gran envergadura iniciado en 2020: el caso Webuild, relacionado con la ampliación del Canal de Panamá y sustentado en el Tratado Italia–Panamá.

Este proceso, que reclama $2,600 millones, se encuentra en su fase final y el laudo se espera para 2026. Según el MEF, ya se han realizado tres pagos administrativos que suman $750 mil.

“Es un caso avanzado y este sería el último pago, ya que hemos pasado la etapa de audiencia y el tribunal deberá laudar”, explicó la doctora Jaime.