Grupo de abogados pide investigar a Minera Panamá por presuntos delitos ambientales

Un grupo de abogados panameños presentó una denuncia penal formal ante el despacho del Procurador General de la Nación contra la empresa Minera Panamá, S. A., sus directivos y todos aquellos que resulten responsables, incluidos funcionarios públicos, por la presunta comisión de delitos ambientales, contra la administración pública y violaciones a derechos humanos.

La acción legal fue interpuesta por al menos 10 juristas, quienes solicitaron la apertura de una investigación penal por hechos que, según sostienen, se vienen cometiendo desde el inicio de la explotación minera en Donoso, provincia de Colón, en 2008.

De acuerdo con la denuncia, Minera Panamá ha sido sancionada en al menos once ocasiones por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) desde octubre de 2020 por infracciones reiteradas a la normativa ambiental, relacionadas con contaminación de fuentes hídricas, suelos y subsuelos, afectación a la flora y fauna, así como incumplimientos del Estudio de Impacto Ambiental aprobado en 2011. Las multas impuestas por estas sanciones ascienden a $1.098.800,70, según resoluciones administrativas emitidas por la autoridad ambiental.

Entre los hechos señalados se menciona un derrame de relaves mineros provocado por la ruptura de una tubería, que contaminó la quebrada Chicheme y el río Pifá, afectando directamente a la comunidad de Nuevo Sinaí, cuyos habitantes dependen de estas fuentes de agua para su consumo y actividades cotidianas. Informes técnicos oficiales advierten sobre la presencia de residuos tóxicos, el riesgo para la salud humana y el daño a la vida acuática en la zona.

La denuncia también sostiene que la empresa habría continuado operando sin una concesión válida, pese a los fallos de inconstitucionalidad emitidos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2017 y 2023, que anularon el contrato ley que sustentaba la actividad minera.

Según los denunciantes, incluso se habría permitido de manera ilegal el mantenimiento de la mina y la comercialización de materiales que, de acuerdo con la Corte, pertenecen al Estado panameño.

En el documento se cita el fallo del 27 de noviembre de 2023, en el cual la Corte Suprema determinó la violación de derechos fundamentales como el derecho a la vida, la salud, un ambiente sano, la protección de la niñez y el desarrollo sostenible, además del incumplimiento del principio de precaución ambiental.

A partir de estos hechos, los abogados denuncian posibles delitos contra el ambiente y los recursos naturales, contaminación de aguas potables y suelos, daños a la vida silvestre y delitos contra la administración pública, entre ellos corrupción de funcionarios, abuso de autoridad, tráfico de influencias y enriquecimiento injustificado, tipificados en el Código Penal panameño.

Finalmente, los denunciantes solicitaron al Ministerio Público requerir a MiAmbiente todas las resoluciones sancionatorias emitidas contra la empresa, citar al actual ministro de Ambiente para que explique por qué no se presentaron oportunamente denuncias penales y determinar las responsabilidades tanto de la empresa como de los funcionarios públicos que pudieran haber permitido o tolerado estas conductas.

Sostienen que la gravedad y magnitud de los hechos ameritan sanciones ejemplares que sienten un precedente y eviten la repetición de prácticas que atenten contra el ambiente y los derechos fundamentales de las comunidades afectadas.