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Jueza rechaza declarar causa compleja la investigación al exvicepresidente José Gabriel Carrizo
- 24/07/2026 17:02
La jueza Martínez sustentó su decisión en que no se acreditó la pluralidad de imputados, víctimas o hechos.
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Agrega La Estrella en Google ↗️Una juez de garantía negó este viernes 24 de julio declarar causa compleja la investigación que se le realiza al exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.
Así se lo confirmó a La Estrella de Panamá Pedro Meilán, miembro del equipo de la defensa de Carrizo, y una fuente de la Procuraduría General de la Nación.
La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Keila Martínez, no admitió elevar la causa compleja la investigación al considerar que no se cumplían los requisitos establecidos en los artículos No. 502 y No. 503 del Código Procesal Penal.
Martínez sustentó su decisión en que no se acreditó la pluralidad de imputados, víctimas o hechos.
Además, Martínez citó dos fallos de la Corte Suprema de Justicia relacionados con el principio de legalidad, de fechas 6 de abril de 2017 y 21 de diciembre de 2023, así como el artículo 15 del CPP, el cual establece el derecho a recibir justicia en un tiempo razonable.
En la audiencia, la Procuraduría estuvo representada por la fiscal Patricia Herrera, mientras que la defensa técnica particular estuvo a cargo del abogado Adecio Mojica.
La investigación se originó a partir de un informe de auditoría emitido por la Contraloría General de la República, en el cual se detalló un presunto enriquecimiento injustificado correspondiente al período comprendido entre los años 2019 y 2024.
Carrizo permanece bajo arresto domiciliario desde el 28 de enero de 2026, cuando una jueza de garantías le impuso esa medida cautelar, además del impedimento de salida del país, en el marco de la investigación por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.
Posteriormente, este 12 de febrero de 2026, el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial ratificó ambas medidas al considerar que eran necesarias para garantizar el desarrollo del proceso penal.
La defensa de Carrizo insiste en que las acusaciones del Ministerio Público carecen de sustento y sostiene que no existe evidencia que demuestre que recibió fondos públicos o dinero proveniente de contratistas del Estado.
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