Juzgado frena amparo del Roberto Ruiz Díaz, pero la anulación del PLOT en San Francisco se mantiene vigente

En menos de 24 horas, dos juzgados civiles de Panamá emitieron fallos opuestos sobre el Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) del corregimiento de San Francisco.

Este jueves 20 de noviembre, el Juzgado Séptimo Civil concedió el amparo de garantías constitucionales presentado por la Asociación Soy Paitilla contra el cambio de zonificación incluido en el PLOT, al considerar que se vulneraron los artículos No. 32 y No. 233 de la Constitución, relacionados con el debido proceso y la participación ciudadana.

Hoy, sin embargo, el Juzgado Cuarto Civil rechazó una petición similar presentada por el vicealcalde Roberto Ruiz Díaz.

El Juzgado Cuarto concluyó que varias de las acusaciones de Ruíz Díaz, como la presunta movilización de funcionarios o irregularidades en la votación de la consulta ciudadana, no podían ser probadas dentro de una acción de Amparo, dado que se trata de un trámite sumario que no permite la práctica de pruebas complejas.

Respecto a la alegación de discriminación contra el sector de Boca La Caja, el juzgado señaló que su exclusión del proceso de zonificación no constituía una violación de derechos, sino una respuesta al clamor social de los propios residentes, quienes pidieron ser tratados bajo un enfoque distinto.

A pesar del rechazo del Juzgado Cuarto, el fallo que prevalece es el del Juzgado Séptimo, que deja sin efecto el Acuerdo Municipal N.° 270, aprobado con 18 votos a favor en el Consejo Municipal.

Dicho acuerdo actualizaba la zonificación del corregimiento con el objetivo de ordenar el uso de suelo y guiar el crecimiento urbano, pero desde su presentación enfrentó un fuerte rechazo de amplios sectores de la comunidad.

Entre las principales preocupaciones de los residentes se encontraba el temor a un aumento de la especulación inmobiliaria, que podría encarecer aún más la vivienda, así como el riesgo de agravar los problemas de servicios básicos como agua potable, electricidad y recolección de basura en un corregimiento ya saturado.

Con la anulación del Acuerdo No. 270, el Municipio de Panamá se ve obligado a revisar y reiniciar los procedimientos de consulta ciudadana, garantizando un proceso que cumpla plenamente con las garantías constitucionales y responda de manera efectiva a las inquietudes técnicas y sociales del corregimiento.