Líbano, ¿más cerca del abismo tras la explosión en Beirut?

Las recientes revelaciones del presidente libanés, Michel Aoun, en las que admitió que sabía del peligro del cargamento químico en el puerto de Beirut, al menos 15 días antes de que ocurriera la explosión que el pasado 4 de agosto dejó 171 muertos y más de 6, 000 heridos, le han dado un nuevo giro a la tragedia del Líbano.

Este miércoles, la propia Presidencia libanesa informó que Aoun recibió el 20 de julio un informe en el que se señalaba la urgencia de que se “tomasen las medidas necesarias” ante una “gran cantidad de nitrato de amonio en un almacén” del principal puerto del país.

Aunque las investigaciones todavía están abiertas, se cree que el estallido que arrasó con sectores enteros de Beirut, tuvo que ver con las pobres medidas de almacenamiento en las que se mantenían las 2,750 toneladas de nitrato de amonio, un material con el que se fabrican fertilizantes y también explosivos.

¿Cómo llegó aquel químico al puerto? Fuentes oficiales confirmaron que este habría sido descargado del barco bautizado como MV Rhosus, una nave de un empresario ruso, abanderada con el pabellón de Moldavia y que de acuerdo con reportes de la agencia Reuters, estaría ligado a una sociedad llamada Briarwood Corporation, supuestamente con sede en Panamá.

Más allá de los datos preliminares que se conocen, por el momento nadie ha dado respuestas claras sobre el origen de la embarcación, que de acuerdo con agencias internacionales, zarpó de Georgia en septiembre de 2013 y tenía como destino Mozambique.

Según contó a la BBC el antiguo capitán del barco, Boris Prokoshev, el Rhosus hizo un desvío hacia Beirut para recoger más carga que le diera ingresos para cruzar el Canal de Suez, dados los problemas económicos que venía sufriendo la empresa dueña de la nave. Al llegar allí, Prokoshev dijo que la embarcación presentaba problemas con el pago de tarifas e incluso fallas técnicas; siendo posteriormente incautada por las autoridades libanesas que prohibieron su salida.

Seguirían varios años de litigios, el nitrato de amonio pasó a un hangar en 2014 y los desperfectos terminaron por hundir el Rhosus en 2018. No se sabría más de toda esta historia, hasta que cientos de cámaras virilizaran la destrucción de la catástrofe el martes pasado.

Según analistas de la firma privada de inteligencia Strafor, consultados por The Associated Press, el estallido pudo equivaler a unos 2.2 kilotones de TNT, es decir, un 14% del poder explosivo de la bomba nuclear arrojada por los estadounidenses sobre la población civil en Hiroshima a finales de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

¿Cómo un material tan peligroso estuvo seis años en un puerto, aparentemente bajo insuficientes medidas de seguridad? ¿Quiénes son los responsables? Por el momento, dentro del Líbano todos se señalan.

Los malos manejos y la negligencia parecen ser parte del problema en esta cadena de eventos desafortunados. Así lo dejaron ver las declaraciones dadas a la cadena libanesa LBCI por el actual jefe de aduanas del país, Badri Daher, donde afirma haber enviado al menos seis solicitudes a sus superiores en las que advertía acerca del peligro del químico y pedía mover el material del hangar. De hecho, pesquisas iniciales apuntan a que la detonación ocurrió por un fuego en otro almacén cercano, en el cual no se descarta había material pirotécnico; la fórmula perfecta para la tragedia.

Otro funcionario de rango medio que saldría al paso sería el administrador general del puerto, Hassan Koraytem, que indicó haber informado de la peligrosidad de la carga; deslindando responsabilidades al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Lo que está claro es que las autoridades libanesas tenían conocimiento de que en la terminal portuaria había material explosivo.

“La Presidencia (...) tiene todo el afán de que la investigación judicial siga su curso (...) para mostrar la verdad completa sobre la explosión, sus circunstancias y los responsables de ello a todos los niveles”, dijo este miércoles el Gobierno libanés, ahora bajo más presión en la calles, encendidas los últimos meses por protestas contra el primer ministro Hasan Diab, que se vio obligado a dimitir tras la catástrofe.

Desde el pasado octubre, miles de personas salieron a las calles en rechazo de Diab, contra la corrupción y la grave situación económica que vive la nación árabe. Un escenario en extremo complejo dado que el Líbano aún mantiene frescas las heridas de la guerra civil que destrozó el país entre 1975 y 1990. De este conflicto, con una fuerte carga religiosa, se configuró un Estado en el que todas las minorías tienen una cuota de poder: el primer ministro es suní, el presidente de la Asamblea es chií y el presidente un cristiano maronita; un modelo que la crisis amenaza con acabar.

A lo anterior se sumaría el acoso creciente del Gobierno israelí, la tensión con Siria, la injerencia de las potencias occidentales y la inestable situación política por la presencia de las milicias de Hezbolá, aliados de Irán en el país. Todo esto hace del panorama libanes algo impredecible y en el que cualquier investigación imparcial de lo ocurrido se vuelve muy complicada.

Esta semana la ONU advirtió de que el Líbano vive una “crisis triple”: la grave situación socioeconómica, la pandemia de la covid-19 y la explosión en el puerto. En ese sentido, indicó que ya hay varios hospitales colapsados o “no funcionales”, mientras que la entrada de alimentos está comprometida, siendo que el país importa el 84% de su suministros; el 85% de la harina del país entraba por el puerto de Beirut.

Además, en el Líbano se encuentran 1,5 millones de refugiados del conflicto sirio, gente que no tenía un hogar seguro y que se suma a las miles de personas que perdieron sus casas con la explosión; de estos, unos 80 mil son niños según la Unicef, mientras que 200 mil personas mantienen servicios básicos suspendidos.