El español no es únicamente un idioma compartido por más de 600 millones de personas: también es un territorio cultural, político y emocional en permanente...
Mulino veta proyecto que buscaba regular el poliestireno biodegradable para alimentos
- 02/06/2026 17:26
La iniciativa proponía una transición hacia envases de poliestireno biodegradables certificados, pero el Gobierno concluyó que el texto contiene vacíos técnicos y legales
Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.
Agrega La Estrella en Google ↗️El presidente José Raúl Mulino devolvió a la Asamblea Nacional, sin sancionarlo, el proyecto de ley 544, que regulaba la importación y producción de poliestireno expandido (EPS) y poliestireno extruido (XPS) biodegradables para alimentos, tras concluir que la propuesta presenta incompatibilidades con la política ambiental vigente, vacíos regulatorios y posibles conflictos constitucionales.
La decisión fue comunicada mediante la nota enviada al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera, luego de una revisión en la que participaron el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Comercio e Industrias, la Autoridad Nacional de Aduanas, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia y la Autoridad del Canal de Panamá.
El proyecto había sido aprobado en tercer debate el pasado 14 de abril y buscaba establecer normas regulatorias para la producción e importación de poliestireno biodegradable destinado principalmente al empaquetado de alimentos y bebidas.
Según la propuesta impulsada por el diputado Carlos Afú, la normativa pretendía promover una reconversión progresiva de la industria nacional hacia materiales biodegradables certificados, permitiendo únicamente aquellos productos que cumplieran estándares técnicos verificables.
Durante la discusión legislativa, Afú sostuvo que la iniciativa no buscaba afectar a las empresas que actualmente operan en el sector, sino establecer reglas claras para reducir la contaminación derivada de los residuos plásticos y fomentar la adopción de tecnologías más sostenibles.
El diputado también argumentó que la legislación permitiría mantener la competitividad económica y los empleos asociados a la actividad industrial, mientras impulsaba mejoras ambientales mediante la sustitución gradual de los productos convencionales.
Dos visiones sobre la gestión de los plásticos
La principal diferencia entre la posición de la Asamblea y la del Ejecutivo radica en la estrategia para enfrentar la contaminación plástica.
Los promotores defendían que la transición hacia poliestirenos biodegradables certificados representaba una alternativa viable para disminuir el impacto ambiental sin eliminar completamente estos materiales del mercado.
Sin embargo, el Ejecutivo concluyó que el proyecto no se alinea con las políticas ambientales adoptadas por Panamá, ya que mantiene el uso del poliestireno mediante procesos de biodegradación en lugar de priorizar medidas orientadas a la reducción efectiva del consumo de plásticos de un solo uso.
En su objeción, la Presidencia sostiene que el texto aprobado resulta incompatible con el enfoque preventivo que promueve la legislación ambiental vigente y que privilegia la disminución de residuos antes que su degradación posterior.
Dudas sobre seguridad alimentaria y capacidad de fiscalización
Otro de los aspectos observados por el Ejecutivo se relaciona con la inocuidad alimentaria.
Según el análisis gubernamental, el proyecto introduce mecanismos regulatorios que requerirían capacidades científicas, técnicas e institucionales que actualmente no se encuentran plenamente desarrolladas en el país. Además, advierte sobre posibles riesgos asociados al uso de materiales destinados al contacto con alimentos.
La objeción también señala inconsistencias en la distribución de competencias entre las entidades responsables de regular, supervisar y certificar los productos biodegradables, situación que podría generar dificultades en la aplicación de la norma.
Los datos ambientales detrás del proyecto
La iniciativa legislativa se apoyaba en cifras del Ministerio de Ambiente que reflejan la magnitud del problema de los residuos en Panamá.
De acuerdo con los datos citados en la exposición de motivos, cada panameño genera aproximadamente 17.2 toneladas de residuos a lo largo de su vida y cerca del 50% de esos desechos podría reciclarse.
Las estadísticas también indican que alrededor del 95% de los materiales reciclables no se recupera, mientras que los plásticos representan cerca del 12% de los residuos generados en el país.
De esa cantidad, aproximadamente el 90% no recibe una gestión adecuada y termina en ríos, mares o áreas verdes.
La propuesta destacaba además que los envases de poliestireno expandido y extruido representan alrededor del 3.2% del plástico importado por Panamá, por lo que sus impulsores consideraban necesario establecer regulaciones específicas para reducir su impacto ambiental.
Argumentos constitucionales
Además de las objeciones técnicas y ambientales, el Ejecutivo advirtió que algunas disposiciones del proyecto podrían entrar en conflicto con principios protegidos por la Constitución.
La Presidencia menciona posibles afectaciones a la autonomía constitucional de la Autoridad del Canal de Panamá, así como eventuales implicaciones sobre la libertad económica y la protección de la propiedad privada e industrial.
Tras evaluar estos elementos, el Gobierno concluyó que el texto presenta deficiencias sustanciales que comprometen su viabilidad normativa, operativa y constitucional, razón por la cual decidió devolverlo a la Asamblea Nacional sin la sanción correspondiente.
Ahora corresponderá al Legislativo analizar las observaciones planteadas por el Ejecutivo y determinar si introduce modificaciones al proyecto o insiste en su aprobación.
Lo Nuevo
