Nadia del Río lleva a la Corte acciones contra la Contraloría por medidas cautelares

La exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia, Nadia del Río Fernández, acudió a la Corte Suprema de Justicia para impugnar actuaciones vinculadas con las medidas cautelares ordenadas por la Contraloría General de la República dentro de una investigación por presuntas inconsistencias patrimoniales.

Según registros del Órgano Judicial, Del Río presentó el pasado 17 de junio una demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución No. 3126-2025-LEG/PJ, emitida el 23 de septiembre de 2025 por la Contraloría General de la República. La acción fue interpuesta por el abogado Ángel Luis Álvarez Torres y quedó radicada en el despacho del magistrado Carlos Ernesto Villalobos Jaén.

Adicionalmente, este 24 de junio de 2026 fue repartida una acción de amparo de garantías constitucionales contra una orden oral emitida el 26 de mayo de 2026 por la directora general del Registro Público de Panamá. El recurso también fue presentado por Álvarez Torres en representación de Del Río y quedó asignado al despacho del magistrado Olmedo Arrocha Osorio.

Las acciones judiciales surgen semanas después de que la Contraloría ordenara medidas precautorias sobre bienes de la exfuncionaria mediante la Resolución No. 1237-2026-LEG/UA del 14 de mayo de 2026.

De acuerdo con la Contraloría, una auditoría forense detectó una diferencia de $576,768.86 entre los ingresos justificados de Del Río y los recursos utilizados durante el período analizado. Como resultado, la entidad ordenó medidas cautelares sobre bienes inmuebles, cuentas bancarias, vehículos y posibles créditos contra el Estado, con el objetivo de resguardar eventuales reclamaciones patrimoniales.

Del Río difundió un comunicado en sus redes sociales en el que rechazó las actuaciones divulgadas por la Contraloría y cuestionó la forma en que se dio a conocer la información.

La exfuncionaria afirmó que conoció los detalles de las medidas cautelares a través de redes sociales y medios de comunicación.

Asimismo, señaló que desde octubre de 2025 solicitó información a la Contraloría sobre posibles actuaciones administrativas relacionadas con su patrimonio e interpuso una acción de hábeas data para obtener esa información.

Del Río también indicó que tuvo conocimiento de medidas cautelares remitidas al Registro Público sobre un apartamento de su propiedad adquirido en 2005 y que mantiene una hipoteca vigente con una entidad bancaria local. Según su versión, la inscripción registral fue suspendida por un supuesto defecto relacionado con el principio de legalidad registral.

En su defensa, la exfuncionaria afirmó que está dispuesta a comparecer ante cualquier autoridad competente y denunció una presunta campaña de persecución mediática mediante filtraciones selectivas.

Como parte de los documentos divulgados públicamente, Del Río mostró una certificación emitida por el Tribunal de Cuentas el 19 de mayo de 2026, en la que se indica que, según la base de datos de esa entidad, no registra procesos patrimoniales ante dicho tribunal.

Hasta el momento, la Contraloría mantiene vigentes las medidas precautorias adoptadas dentro del proceso administrativo, mientras la Corte Suprema deberá decidir sobre la admisión y eventual trámite de las acciones presentadas por la exfuncionaria.