‘No se puede regular plataformas con normas antiguas’, dice presidente de la Cámara Digital de Panamá

Se siguen sucediendo las reacciones a favor y en contra del Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026, mediante el cual se modifica el modelo bajo el que operaban las empresas de transporte en Panamá como Uber e inDrive y se redefine la relación entre las empresas, las autoridades y los conductores.

En este caso, se trata del presidente de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain, Rodrigo Icaza, quien, en conversación con La Estrella de Panamá, sostuvo que el decreto emitido por el Ministerio de Gobierno no toma en cuenta la realidad digital actual, caracterizada por el impacto de internet en la vida de los ciudadanos y, concretamente, en la forma de hacer negocios como el transporte de pasajeros.

De acuerdo con Icaza, el decreto toma como base la Ley No. 14 de 1993, mediante la cual se regula el transporte público. Según el especialista, esta normativa se remonta a una época en la que en Panamá no existía internet. De hecho, el primer nodo de conexión se estableció en 1994 por la Universidad Tecnológica de Panamá.

“Esto significa que la regulación responde a una realidad completamente distinta a la actual. Han pasado más de 30 años y la ley no ha sido modificada de fondo para adaptarse a un entorno digital. No podemos regular algo que es nativamente digital con normas del pasado; lo correcto sería actualizar esas leyes. Además, al conversar con conductores de taxi, muchos señalan problemas administrativos relacionados con los cupos y la gestión del sistema. Las plataformas digitales como Uber automatizan estos procesos, elevando tanto el servicio como la eficiencia administrativa”, explicó Icaza.

Para sustentar su argumento, Icaza puso como ejemplo iniciativas como Easy Taxi, desarrollada por taxistas locales y luego adquirida por Cabify. “Eso demuestra que el sector puede modernizarse y competir”, agregó, abogando por una normativa que impulse la libre competencia en el transporte y permita que taxis y plataformas compitan en igualdad de condiciones.

Icaza también cuestionó lo que considera una intromisión en el libre mercado, en relación con el rol que ahora asume el Estado en la fijación de tarifas dentro del transporte público en Panamá, un aspecto que antes manejaban las plataformas.

“Hoy existen plataformas como Uber e inDrive, que funcionan de manera distinta. Uber fija precios mediante algoritmos, mientras que inDrive permite la negociación entre usuario y conductor. Sin embargo, el decreto establece que la autoridad fijará las tarifas, lo que implica pasar de un modelo de libre mercado a uno de control estatal basado en esquemas antiguos. (...) Nuestro enfoque es claro: no se debe tratar a plataformas como Uber como si fueran taxis tradicionales, sino modernizar el sistema de taxis para que funcione como una plataforma digital. Esto también resulta contradictorio en un gobierno que se presenta como proempresa privada, pero que en la práctica interviene en las decisiones de plataformas digitales”, señaló.

En cambio, Icaza considera que, en lugar de regular mediante decreto, la solución real estaría en reformar la Ley No. 14 de 1993, aunque esto implique un proceso más complejo en la Asamblea Nacional.

“Regular por decreto implica cambios constantes según el gobierno de turno. Ya ha habido fallos de la Corte Suprema que han declarado inconstitucionales partes de decretos anteriores. Actualizar la ley es una medida disruptiva, pero necesaria. El problema es que, por evitar afectar intereses del pasado, se termina sacrificando la innovación digital. Estamos intentando adaptar el futuro a normas del pasado, cuando debería ser al revés: actualizar el marco legal para responder a la economía digital”, concluyó.