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Nueva normativa ambiental en Panamá obliga a cumplir procesos de EIA antes de construir
- 29/05/2026 11:15
Esta medida busca fortalecer la protección de los ecosistemas y asegurar procesos más eficaces y transparentes, obligando a obtener una Resolución Ambiental antes de iniciar proyectos.
El Órgano Ejecutivo promulgó el Decreto Ejecutivo No. 4 de 28 de mayo de 2026, que es una nueva normativa que busca unificar, actualizar y armonizar los procesos de gestión ambiental en Panamá.
El decreto reglamenta el Capítulo III del Título II del Texto Único de la Ley No. 41 de 1998 y consolida en un solo cuerpo legal el marco regulador de la evaluación de impacto ambiental (EIA) en el país.
La normativa, publicada en la Gaceta Oficial No. 30534-B, tiene como objetivo fortalecer la protección de los ecosistemas y garantizar procesos de evaluación ambiental más eficaces, coherentes y transparentes, tanto para proyectos públicos como privados.
Entre los principales cambios que establece el decreto se encuentra la obligatoriedad de contar previamente con una Resolución Ambiental emitida por el Ministerio de Ambiente antes de iniciar cualquier obra, actividad o proyecto sujeto al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.
El documento también aclara que los permisos otorgados por otras instituciones del Estado no representan automáticamente una viabilidad ambiental, la cual deberá obtenerse únicamente tras la aprobación del respectivo estudio ambiental.
La nueva regulación endurece las medidas contra proyectos que inicien operaciones sin la aprobación correspondiente del Ministerio de Ambiente.
En esos casos, la entidad podrá imponer sanciones administrativas y ordenar la demolición de estructuras construidas ilegalmente, así como exigir el manejo y disposición final de materiales o la restauración de las áreas afectadas.
El decreto incorpora definiciones detalladas de términos técnicos y procedimientos relacionados con la gestión ambiental, incluyendo la consulta pública y el rol de las Unidades Ambientales.
Según el Ejecutivo, estas disposiciones buscan fomentar una participación ciudadana más informada y responsable dentro de los procesos de evaluación de impacto ambiental.
El Gobierno explicó que la nueva regulación es producto de un análisis técnico y jurídico exhaustivo.
Además, indicó que el borrador del decreto fue sometido a consulta pública entre octubre y noviembre de 2025, periodo durante el cual se recibieron observaciones y aportes de entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil.
Con esta medida, el Estado panameño reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas ambientales nacionales y de acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú.
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