Transparencia por orden judicial

PANAMÁ. La juez Eva Cal ha quedado en los archivos judiciales del país, como la primera que multa a un funcionario por no presentar una información.

Ella es parte del Primer Tribunal Superior de Panamá, y luego de un año de trámites y seis meses de espera, ordenó una sanción en contra del alcalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla.

Hace un mes, el 26 de septiembre, el tribunal admitió un “Incidente de Desacato” contra el alcalde basado en que el funcionario “se había negado” a revelar información sobre el cobro o exoneración de impuestos a la empresa Pycsa por los trabajos de extensión del Corredor Norte.

La primera solicitud se la hizo al alcalde hace casi dos años (el 6 de noviembre de 2006), El administrador judicial de Pycsa Kevin Harrington, pues intentaba evitar evasiones que pudieran perjudicar a la empresa en el futuro. No fue sino hasta mayo de 2008 cuando el tribunal de la juez Cal decidió sobre el asunto, concediendo el Hábeas Data en favor de Harrington.

En ese entonces, el tribunal ordenó a el alcalde “que suministre la información requerida por Harrington”. Entonces tenía cinco días, después de ser notificado, para cumplir la orden. Es decir, Valdés Carrasquilla debió cumplir con esa orden el 21 de mayo de 2008.

Desde entonces los hechos no son claros. Por un lado, el tribunal está convencido de que el alcalde no informó a Harrington sobre el asunto, “debía notificarle mediante un mecanismo claro y simple de constancia”... que no poseía la información, explica el fallo.

Valdés Carrasquilla asegura que él no tiene información sobre los permisos de construcción en el caso, “pues esta obra corresponde a un contrato con la nación”. ¿Pero por qué no le dijo esto a Harrington?. El alcalde contradice al Tribunal Superior y explica que “la información siempre ha estado, él no fue a buscarla. No hay tal desacato”, dice.

La multa ha sido apelada por Valdés Carrasquilla y su equipo de abogados. El funcionario por el momento no quiere ahondar en el asunto. “Déjeme empaparme en el fallo y con mucho gusto le respondo”, dijo el funcionario. La sanción, según el artículo 20 de la llamada Ley de Transparencia, debe ser el doble del salario mensual del funcionario responsable.