Panamá deporta a 35 colombianos con amplio historial criminal

Tráfico de armas, drogas y delitos sexuales: el perfil de los extranjeros expulsados en el vuelo 64 bajo el acuerdo con Estados Unidos

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En un operativo de seguridad nacional, el Servicio Nacional de Migración (SNM) procedió este jueves con la deportación y expulsión de 35 ciudadanos de nacionalidad colombiana. La medida fue ejecutada tras un exhaustivo análisis individual que confirmó el incumplimiento de la normativa migratoria vigente y la existencia de perfiles de alta peligrosidad.

La mayoría de los ciudadanos retornados mantenían antecedentes penales que representaban una amenaza directa a la seguridad colectiva y al orden público. Según el informe oficial del SNM, entre los delitos cometidos o vinculados a estos individuos se encuentran:

Crimen Organizado: Tráfico internacional de drogas, trata y tráfico de migrantes.
Violencia y Armas: Posesión y tráfico de armas de fuego y explosivos, además de delitos de extorsión.
Delitos Sexuales: Actos sexuales violentos con agravantes.

De los 35 extranjeros, 21 fueron deportados (incluyendo a una mujer), mientras que 14 hombres fueron expulsados, la sanción más severa que impide el reingreso al territorio nacional de forma permanente debido a la gravedad de sus faltas.

El traslado se realizó mediante el vuelo chárter número 64, que partió desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert, en Albrook, con destino directo a la ciudad de Medellín, Colombia.

Esta acción se enmarca en el Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y los Estados Unidos, un acuerdo estratégico que busca establecer mecanismos de cooperación para garantizar una migración ordenada, segura y ajustada a la ley.

“Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad nacional y el fortalecimiento del control migratorio, siempre bajo el estricto respeto a los derechos humanos”, señaló el SNM en un comunicado oficial.

Con este nuevo operativo, las autoridades panameñas refuerzan la vigilancia en sus fronteras y envían un mensaje claro sobre las consecuencias de infringir las leyes migratorias y penales del país.

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