Puerto Rico y Venezuela: qué es un protectorado y por qué Trump quiere aplicar ese modelo en Caracas

Un protectorado es una forma de relación política y jurídica entre dos entidades estatales desiguales. En ella, un Estado poderoso asume el control de áreas estratégicas —como la defensa, la política exterior y, en algunos casos, sectores económicos— de otro territorio que mantiene autoridades locales, pero pierde el ejercicio pleno de su soberanía.

A diferencia de una colonia, el protectorado no implica anexión formal. El gobierno local sigue existiendo, pero sus decisiones clave están subordinadas al Estado protector. En la práctica, se trata de una soberanía limitada: el territorio protegido administra lo cotidiano, mientras que la potencia dominante controla lo estratégico.

Históricamente, los protectorados han sido utilizados por imperios para extender su influencia sin asumir los costos políticos y administrativos de una ocupación directa.

Puerto Rico suele citarse como ejemplo de dependencia política de Estados Unidos, pero no es jurídicamente un protectorado. Desde 1898, cuando pasó de manos españolas a estadounidenses, la isla quedó bajo soberanía de Washington como territorio no incorporado.

Eso significa que Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, pero no forma parte integral de la Unión. El Congreso estadounidense tiene autoridad suprema sobre la isla, incluyendo su sistema legal, comercio, moneda, fronteras y política exterior.

En 1917, los puertorriqueños recibieron ciudadanía estadounidense. En 1952 se estableció el Estado Libre Asociado, que permitió un gobierno local electo con control sobre asuntos internos como educación, salud y administración pública. Sin embargo, Puerto Rico no tiene voto en el Congreso ni puede elegir al presidente de Estados Unidos.

Su estatus es el de un territorio subordinado, no el de un Estado soberano protegido por otro. Puerto Rico no es una nación independiente bajo tutela, sino una posesión constitucional de Estados Unidos con autonomía limitada.

La situación que impulsa Donald Trump para Venezuela es radicalmente distinta. Tras la captura de Nicolás Maduro y la intervención militar estadounidense iniciada el 3 de enero de 2026, Washington ha pasado a ejercer un control directo sobre los principales resortes del poder venezolano.

Trump ha declarado que Estados Unidos “está a cargo” del país y que su prioridad es estabilizarlo, garantizar la seguridad y reactivar la economía, particularmente el sector petrolero. Bajo este esquema, empresas estadounidenses han empezado a asumir un papel dominante en la explotación y comercialización de los recursos energéticos.

Venezuela mantiene formalmente instituciones locales, pero las decisiones fundamentales —seguridad, control territorial, relaciones exteriores, manejo de activos estratégicos y reconstrucción económica— están siendo definidas desde Washington.

Eso encaja con la definición de un protectorado de facto: un país que conserva una estructura estatal propia, pero cuya soberanía real está condicionada por una potencia extranjera que ejerce tutela política, militar y económica.

A diferencia de Puerto Rico, Venezuela no ha sido incorporada al sistema constitucional de Estados Unidos ni ha sido anexada. Tampoco existe un tratado internacional que regule esta relación. Se trata de una tutela impuesta por la fuerza y sostenida por la presencia militar y financiera estadounidense.

Puerto Rico está sometido a Estados Unidos porque es parte de su estructura territorial. Venezuela, en cambio, estaría sometida a Estados Unidos sin haber sido incorporada a él: gobernada indirectamente, sin derecho político ni soberanía efectiva.

Lo que Trump plantea —y en buena medida ya ejecuta— no es convertir a Venezuela en otro Puerto Rico. Es algo más cercano a una administración tutelada, donde Estados Unidos decide qué se hace, quién gobierna, cómo se reconstruye la economía y quién explota los recursos.

En un protectorado, el país deja de ser dueño de su destino. Puede elegir funcionarios, pero no puede decidir su política internacional, su modelo económico ni su seguridad. Todo eso queda en manos del protector.

En ese sentido, el modelo venezolano representa una ruptura histórica: una potencia asumiendo el control de un Estado latinoamericano soberano en nombre del orden, la estabilidad y el acceso a recursos estratégicos.

Puerto Rico vive una subordinación estructural. Venezuela enfrenta una subordinación impuesta. Esa diferencia es la que marca la frontera entre territorio y protectorado.