Proponen dos cámaras legislativas y periodo de 22 años para magistrados

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), en representación del sector privado del país, aportó sus consideraciones con respecto a los cambios constitucionales que siguen pendientes, a pesar de la promesa de campaña de Juan Carlos Varela, de convocar una constituyente como uno de los principales objetivos tan pronto diera inicio su administración.

Los cambios, según el abogado Carlos Ernesto González y el presidente del Conep, Severo Sousa, se limitan a la parte orgánica del texto, mas no la dogmática, que contiene los derechos humanos.

Las transformaciones, según los consultados, buscan otorgar independencia a los tres poderes del Estado, y reducir la influencia del Ejecutivo sobre el resto. Para lograrlo, se trata de definir y limitar los roles de cada órgano del Estado.

La propuesta contempla cambios en la estructura de la Asamblea Nacional, un gobierno unitario pero descentralizado, así como la inclusión de una jurisdicción contencioso administrativa para descongestionar el Judicial.

La Asamblea, recomiendan, será la que apruebe la asignación de recurso del Estado. El Ejecutivo presenta un presupuesto de todas las instancias excepto el Judicial, Contraloría General, Procuradurías, Tribunal Electoral, Defensoría del Pueblo, Tribunal y Fiscalía de Cuentas.

Los mencionados deberían hacerlo en forma directa, y una vez aprobado el presupuesto de ingresos que presente el Ejecutivo, no puede ser variado por el Legislativo.

El presupuesto del Legislativo y del Judicial, así como de las instituciones de control que presentan su propio presupuesto, no podrá ser menor al del año anterior, excepto si la institución lo solicita. De igual forma, no podrá crecer más del 2% del incremento porcentual del ingreso corriente del año anterior.

Las única función judicial que debe tener la Asamblea, según el texto, es el juicio del presidente, pero no de magistrados, como ocurre actualmente.

Se proponen dos Cámaras, una Baja, que refleja la actual composición y sistema de elección, y una Alta, con participación provincial, comarcal y nacional que será elegida a medio término presidencial.

Ambas cámaras deben incluir el proceso de aprobación de los presupuestos, la fiscalización de su ejecución, la aprobación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como de otras instancias, las deudas del Estado o los tratados internacionales.

Sousa añadió que dichas cámaras funcionarán por separado. En ese sentido, la Asamblea tendrá unas funciones claramente legislativas y de fiscalización al Ejecutivo, sin gastos comunitarios que, según el sector privado, evitará el clientelismo.

‘Antes de la dictadura la Asamblea era la que designaba o manejaba el presupuesto. Eso lo vamos a retomar, pero con la Cámara Alta', manifestó González.

La elección de diputados será circuital, y los nacionales serán los más votados, en este espacio se elimina el voto cruzado. Además, la revocatoria de mandato corresponderá a los electores y no a los partidos políticos.

Los diputados de la Cámara Baja podrán ser reelectos en una ocasión, mientras que los de la Cámara Alta hasta en dos ocasiones; es decir, que podrían permanecer en el cargo hasta 15 años.

Introducen un ingrediente que sale de lo tradicional. Evocan que los candidatos podrán nominarse para ser electos en áreas geográficas donde no son residentes.

Aunado a esto, quien es elegido como diputado no podrá ejercer ninguna otra función pública. Lo mismo aplica para los funcionarios judiciales.

Proponen que tanto el Órgano Ejecutivo como el Judicial presenten sus presupuestos para aprobación al Legislativo. Sin embargo, el Judicial deberá hacerlo por vía propia, no a través del Ejecutivo, con ciertos parámetros que deben establecerse. Aunado a esto, la ejecución del presupuesto del Judicial podrá estar sujeto a control posterior de la Contraloría.

Sousa dijo que para evitar que las partidas presupuestarias sean objeto de negociaciones con el Ejecutivo, la Asamblea contará con un presupuesto autónomo. Se pondrán parámetros a los que debe estar sujeto el presupuesto, parámetros de ejecución y transparencia.

El texto apuesta a una independencia de presupuesto para cada órgano. Así, sugieren que tanto el Órgano Ejecutivo como el Judicial deben presentar sus presupuestos para aprobación al órgano Legislativo.

El nombramiento de los magistrados se propone por un periodo de 22 años y una edad mínima de los candidatos de 47 años. Esto, según Sousa, tiene como propósito que las personas puedan jubilarse al finalizar sus periodos. Se propone que la aprobación de los magistrados sea por dos terceras partes de la Cámara Alta y con una ratificación simple por parte de la Baja, cuyo voto se limita a ‘sí' o ‘no'.

Se incluye también un organismo independiente que juzgará a los magistrados, pero en caso de ser un delito común, será la justicia ordinaria quien se encargue.

No obstante, continúa a criterio del presidente de la República la escogencia, aunque la ratificación, como ya se mencionó, debe ocurrir en la Cámara Alta o Senado con una mayoría calificada.

Según González, el dejar en manos del Ejecutivo los nombramientos responde a que ‘vivimos en una democracia y hay que tener una legitimidad democrática, por eso continúa en manos del Ejecutivo'.

Para descargar la justicia, se plantea crear una jurisdicción contencioso administrativa.

Otro punto en los cambios constitucionales tiene que ver con un Tribunal que actúe como órgano rector de los magistrados, según indicó el empresario.

Añadió que se eliminó el juzgamiento a los diputados por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a excepción de los delitos políticos (no están tipificados). Del resto, los casos pasarían a la justicia ordinaria.

El documento aspira a que los magistrados del Tribunal de Cuentas llenen los mismos requisitos que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con iguales restricciones y su periodo sea de 1 a 12 años.

Con respecto a los procuradores, se plantea que sean nombrados por el Ejecutivo, aprobados por mayoría calificada en la Cámara Alta y en la Baja por mayoría simple. Los candidatos deben tener un mínimo 40 años y el periodo de 12 años.

Con respecto al contralor, se aspira a que sea postulado por el Legislativo, electo por la Cámara Alta por mayoría y la Baja con mayoría simple.

El defensor del Pueblo lo elige la Cámara Baja por mayoría calificada por 5 años con revocatoria de mandato a través de mayoría calificada y el candidato debe tener más de 35 años.

Con respecto al Tribunal Electoral, la propuesta mantiene el sistema actual.

La propuesta de Conep será presentada ante la Comisión de Modernización del Estado, Justicia y Seguridad Pública del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, para su discusión y la suma de las sugerencias que tengan otros gremios, así como constitucionalistas o sociedad civil.

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