Campañas políticas: transparencia y financiamiento (II)

El lastre de la corrupción derivado del manejo no transparente del financiamiento de las campañas, se extiende a los contratos públicos, porque la financiación privada de las campañas favorece el otorgamiento de contratos administrativos al ‘donante’ o ‘financiador’, ya sea por contratación directa o mediante la escaramuza de una licitación, que en el fondo no es tal, sino que ya tiene un adjudicatario del acto público.

Ante la corrupción lidiamos con un elemento de percepción inevitable, porque ella salvo en los casos de descaro de los dirigentes políticos y otros beneficiados, que se hacen de manera abierta, suele generarse de modo subrepticio, discreto u oculto. Es decir, contrario a la Transparencia, mas casi siempre asida de una posición de poder político o económico por sus actores.

Para su control se requiere que exista un servicio de administración de justicia fuerte e independiente de la lisonja e indebida influencia de la política, que cumpla el rol que le corresponde, dentro del sistema de pesos y contrapesos, no que fomente la impunidad de los corruptos, ya sea por inacción, caso del Ministerio Público, o dictando jueces y magistrados sentencias que son verdaderos entuertos de la razón y la Ley.

Tomando como referencia la última campaña del año 2004, y de acuerdo a lo declarado, más de 25 millones de dólares, cuyo origen es desconocido por los ciudadanos panameños, por ser información reservada y solo la conoce el Tribunal Electoral, ‘lo que no parece muy razonable, cuando parte de los fondos que utilizan los partidos políticos para funcionar es entregada por el Estado y es conocida por todos los panameños’.1

Comparto la opinión en el sentido de que: ‘La falta de transparencia y la inexistencia de límites a las contribuciones privadas a las campañas electorales no solo es inequitativa y antidemocrática, sino que es la puerta de entrada de dinero ilícito al sistema democrático. Ya tuvimos algunas experiencias al respecto y nuestro país, ante la realidad del marcado crecimiento económico que estamos experimentando, no puede dejar de mirar lo que está ocurriendo en los demás países de Latinoamérica’.2

Otro aspecto, no menos importante, es el aporte velado de fondos públicos a las campañas de determinados candidatos, de preferencia oficialistas, y cuyos montos es difícil de calcular por la ciudadanía. Los organismos de control, como la Contraloría General de la República, deben ejercer su función, de cara a lo que dispone la Constitución y leyes vigentes, que prohíben este tipo de práctica perniciosa y antidemocrática, que genera un desequilibrio entre los candidatos participantes. Sin mencionar los especiales requisitos, en algún sentido discriminatorios y que colocan en desventaja, ya de por sí, a los candidatos independientes, respecto de los postulados por partidos constituidos.

La democracia no es solo forma sino contenido, y ese contenido, ha de ser cada vez mejor, porque es mejorable, y depende del aporte cotidiano de civismo y ética por todos. Los habitantes conscientes tenemos el deber de participar.

La veeduría social activa juega un papel de primer orden, y las autoridades proclamadas legítimas, más que vanagloriarse de ello, están obligadas a ejercer la función legítimamente, garantizando la renovación del poder público por medio de torneos electorales prístinos, y a esto contribuye la identificación de donantes privados de las campañas políticas; lo mismo que la interdicción de fondos públicos para financiar a candidatos oficialistas, fuera de los casos y montos previstos legalmente.

DOCENTE

*EL AUTOR ES PROFESOR UNIVERSITARIO DE DERECHO Y ESPECIALISTA EN GOBERNABILIDAD Y GERENCIA POLÍTICA.

5 IBÍDEM.