La sociedad civil

Uno de los grades errores que puede cometer la autoridad es confundirse por las demostraciones de la sociedad civil. Últimamente veo muchos funcionarios que se dejan impresionar por un puñado de ciudadanos o bien por los comentarios de determinados comentaristas de radio o televisión, dejando a un lado el análisis objetivo y planificación que requieren ciertas decisiones.

La muestra más reciente fue el cierre de la cantera ALFA en Cárdenas. Un grupo de residentes inició manifestaciones, aún cuando esa cantera la operaron los norteamericanos hasta finales del siglo 20, y los nuevos concesionarios la operan desde hace más de siete años, pero ahora estos residentes le encontraron todas las razones para protestar. El MICI ni corto ni perezoso, bajo presión del nuevo alcalde, procedió a cerrarla.

Me pregunto, ¿esa decisión responde a las presiones o fue resultado de una investigación y análisis de su necesidad o no? Porque Recursos Minerales del Ministerio de Comercio debe velar, no por dar los permisos, sino, además estudiar la necesidad de las canteras para suplir las necesidades de las distintas áreas. Si lo dejamos en manos de los vecinos del lugar, cerraremos todas las canteras, ¿a quien le gusta tener una cantera cerca?

Otro caso donde la sociedad civil parece estar influyendo y, vuelvo y repito, no necesariamente representando a la totalidad del sentir popular, es el tema Noriega. Hoy día, me atrevo a decir, la mayoría de los panameños sentimos que Manuel Antonio Noriega puede perfectamente ser enviado a casa por cárcel, pero cada vez que se toca el tema son los mismos grupos minúsculos los que opinan en contra y por algún motivo, los encargados de decidir no deciden en justicia, sino afectados por los locuaces opositores.

La sociedad civil ha tomado decisiones guiadas por minorías en contra del bienestar común y la calidad de vida del panameño. Un ejemplo, el tema de los estacionamientos que iban a construir en el área de la Corte Suprema de Justicia, en defensa de los árboles que serían talados, se organizaron piqueteos que llevaron a la Corte a cancelar el contrato. Pero, si ese minúsculo grupo hubiese sido más proactivo, ellos mismos hubiesen participado de una comisión con los arquitectos y buscado una alternativa. Pero no, el grupo solo buscó y luchó por evitar la tala de árboles y no se preocupó del verdadero problema, la falta de estacionamientos. Hoy, inclusive la moderna idea de estacionamientos soterrados en parques ya recibió protestas de ambientalistas, aun cuando el parque como tal seguiría existiendo sobre los estacionamientos.

La pregunta que no nos hacemos es, ¿cuánta gente realmente objeta lo que estos pequeños grupos de protesta claman? No hay ningún tipo de encuesta o aproximación para saber si su protesta es respaldada por la mayoría o no de los ciudadanos. Hoy está comprobado que menos de 20 personas cierran una vía principal, un par de voceros en programas de televisión de opinión crean la imagen de una mayoría protestando. Lo cierto es que el ciudadano común prefiere no opinar, mucho menos participar públicamente en una causa.

Uno de los logros de los tiempos modernos ha sido la organización de las comunidades para defender sus intereses. Los cierres de calle por falta de agua, por el mal estado de las calles, por mal estado de escuelas, generalmente sí recogen un sentimiento generalizado de los residentes de esa comunidad, pero ciertamente el Gobierno de turno mide la protesta por el número de participantes. A mayor número, más velocidad en resolver el tema.

Pero, en estos temas donde la sociedad civil ha tomado la iniciativa, hay dos grandes ausentes. Por un lado, las autoridades de la comunidad (representantes y diputados), que deberían ser los primeros en sumarse a la protesta, y los partidos políticos. En mi memoria no he visto a ningún partido político hacerse eco de protestas por estado de calles, falta de agua, condición de las escuelas, etc.

Recientemente, en el caso de la cantera de Cárdenas hicieron su lucha los moradores, sin apoyo de cinco diputados, todos electos con votos de esa comunidad.

Lamentablemente, la sociedad civil organizada no recoge muchas personas detrás de sus voceros, Transparencia, por ejemplo, nunca ha dicho cuántos miembros tiene ni cuándo se reúnen en asamblea general, pero su directora ejecutiva habla con el convencimiento que toda la población la respalda.

Para empezar, yo haría que el Ministerio de Gobierno, que maneja la personería de todas, publique anualmente los datos básicos de cada organización, cuántos miembros y cuándo elige dignatarios. Solo así tendremos más confianza en esta sociedad civil que día a día es más beligerante.

*ANALISTA POLÍTICO.