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19 de Feb de 2020

Candice Williams De Roux

Columnistas

Las pruebas de la justicia selectiva (II)

El tema aquí es que el Ministerio Público está obligado a aplicar su ‘imparcial' criterio

El tema aquí es que el Ministerio Público está obligado a aplicar su ‘imparcial' criterio, precisamente para respaldar el caso de la Fiscalía, pero ante todo lo explicado habría que preguntar: ¿la procuradora Porcell le cuida las espaldas al ministro?, ¿está incurriendo en lo que la opinión pública criticó de su antecesora? En este sentido, Porcell —en un comunicado de prensa con fecha del 18 de enero pasado— manifestó que en esta investigación es obligatorio tener una auditoría de la Contraloría General de la República.

Y Porcell tiene toda la razón, pero la pregunta que deben responder la procuradora y la fiscal Tania Sterling es ¿por qué detuvieron a Frank De Lima en mayo de 2015, si no fue hasta diciembre que la Contraloría aportó su informe de auditoría?

Para rematar, en la lista de personas vinculadas como responsables en el caso de la compra de granos, conforme al informe de auditoría de la Contraloría General de la República, se excluyó a Frank De Lima y a Gladys Cedeño.

Siendo el caso del PAN y el Miviot muy grave, el ministro Etchelecu tuvo acceso inmediato para conversar en privado con la procuradora Porcell. Cosa diferente en el otro caso, pues recordemos que la Fiscalía ‘escondió' el expediente a los abogados de De Lima, la semana antes de su detención para sorprenderlo, el lunes 11 de mayo de 2015, con la medida que lo ha mantenido privado de libertad más de ocho meses.

Una prueba más. En marzo de 2015, el contralor Federico Humbert, declaraba en una entrevista a La Prensa que ‘el peculado en la compra de granos comenzó con el traslado de partidas'. Pero, ahora el mismo contralor, declara la semana pasada a Telemetro que en el caso del Miviot y el PAN hubo errores de forma, pero sin dolo.

Finalmente, al MEF no le toca fiscalizar la correcta ejecución de las contrataciones públicas (porque es una función constitucional de la Contraloría General de la República), ni a De Lima ni a Cedeño se les ha acusado de enriquecimiento injustificado y fue el PAN, no de Lima ni Cedeño, quien contrató la compra de granos. Es como decir ahora que todos los ministros de Economía y Finanzas han actuado con dolo por cumplir con su labor de transferir fondos a las instituciones.

A pesar de todo esto, sigue detenido Frank De Lima y Gladys Cedeño presa en su casa.

En un Estado donde impera la Constitución y la Ley esto nunca se hubiese dado. ‘La Ley para los amigos y la cárcel para los enemigos'.

Dígame usted, señor lector, si no hay justicia selectiva en este país.

Por último, como ciudadana, pido que cierren el PAN.

ABOGADA