Partidas circuitales y donaciones legislativas problemáticas

No es mi propósito abogar por dos prácticas que nuestro Poder Legislativo ha manejado desde hace varias décadas, sobre todo cuando la aparente flacidez de su administración ha resultado en acusaciones recientemente afloradas. Pero creo que, para encontrarle una solución acorde, se debe poner el asunto en su natural perspectiva. Si se ignora la causa que la origina, se podrán seguir intentando curas que serán tan eficientes como la aspirina aplicada a una enfermedad terminal.

El problema, a mi juicio, estriba en que el diputado es un animal político por naturaleza que necesita la buena voluntad y reconocimiento de sus electores cada cinco años. El Presupuesto Nacional es el instrumento por excelencia efectivo con ese propósito, pero la Constitución no permite al Órgano Legislativo participar en su elaboración; esa facultad corresponde al MEF y al Consejo de Gabinete, limitando la intervención del Legislativo a aprobarlo o improbarlo, facultándolo únicamente para eliminar o reducir partidas sin poder incluir nuevas erogaciones o partidas en su lugar.

Anteriormente correspondía al Órgano Legislativo aprobar o negar el proyecto de gastos de la administración y el proyecto detallado del plan de obras públicas que le sometiera el Órgano Ejecutivo, aprobándolo o negándolo con o sin las modificaciones que el propio Legislativo decidiera incluir. Mutilada esa participación directa en la aprobación, rechazo o modificación de rubros presupuestarios específicos, los diputados quedan impedidos para poder satisfacer directamente las obras que las comunidades que los eligieron les exigen; bien entendida y sanamente practicada, es una función política por excelencia. El único camino actualmente accesible es devolver el proyecto de Presupuesto al Órgano Ejecutivo con el ‘ruego' de que se incluyan las aspiraciones que no fueron incluidas. La decisión queda en manos del Ejecutivo.

Estas medidas presupuestarias implican consideraciones tanto técnicas como políticas. En principio, el Órgano Ejecutivo estaría más interesado en los aspectos técnicos y avances del Plan de Desarrollo Nacional, mientras que a los diputados, como entes esencialmente políticos, les interesará el reconocimiento de sus electores para ganar su favor político. La disputa bajo el sistema actual consiste en el conflicto entre la necesidad política del diputado-político y los objetivos técnicos de los burócratas-técnicos. Mientras no se solucione de raíz, no habrá posible remedio efectivo y duradero.

La solución no es sencilla. Posibles abusos anteriores por exigencias de obras técnicamente innecesarias o a destiempo, movidas por objetivos populistas, posiblemente llevaron a eliminar la facultad legislativa porque el Presupuesto, bajo control del Órgano Ejecutivo, reflejaría una visión más fidedigna de las necesidades a largo plazo de la nación. Por esa limitación, que dejaría de lado genuinas necesidades comunitarias, las partidas circuitales fueron concebidas para llenar el vacío; pero resultó que en la práctica la asignación de las partidas aprobadas de hecho quedó bajo pleno control del Ejecutivo, que las dispensó a su antojo. El nuevo sistema de donaciones y contratos legislativos, que reemplazó las partidas circuitales como vehículo para apoyar las necesidades políticas del diputado, ha probado ser remedio ilusorio, inclusive abusado.

No abogo por permitir el mal uso de unas y de otros cuando estos recursos se desvían arbitrariamente con fines particulares o egoístas y no se destinen a satisfacer necesidades locales. La solución estriba en permitir que los diputados disfruten de la autonomía e independencia para poder incluir en el Presupuesto Nacional partidas oficiales para obras locales que los municipios no puedan acometer, pero que serían ejecutadas totalmente por el Ejecutivo como parte de su plan de obras públicas expresamente incluido en el Presupuesto.

Una propuesta de incluir una disposición constitucional que lo permita, debería ser debatida.

EXDIPUTADA