Afán por la terquedad

Nadie duda que el control de precios de 22 productos de la Canasta Básica de Alimentos es un asunto de suprema importancia para Juan Carlos Varela. No solo fue su principal promesa de campaña sino que también su primer decreto Ejecutivo en julio 2014. Sin embargo, tal ha sido el afán por mantenerla y justificarla que tras la demanda por ilegalidad que presentó hace un mes la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ante la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la República entró en una espiral de desaciertos y declaraciones incongruentes que lo han llevado al punto más bajo en las encuestas de opinión pública desde que tomó posesión hace tres años.

Porque, si bien es cierto que el Ejecutivo tiene facultades legales para firmar decretos y promover leyes, no es menos cierto que los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de hacer señalamientos y manifestar nuestra molestia cuando las autoridades no cumplen las expectativas o atentan contra principios básicos de libre empresa y libre competencia. Las experiencias demuestran que cada vez que un Gobierno se inmiscuye en asuntos que atañen al mercado, se genera escasez, acaparamiento, especulación, mercado negro, contrabando y, peor aún, se afecta la producción y la economía nacional.

Debemos recordar que el Gobierno no solo implementó el control de precios de 22 rubros alimenticios sino que también amplió la medida con la fijación de márgenes máximos para la venta de más de cien productos en los mercados y centros de abastecimiento del país. El Ejecutivo basó su intención en una disposición de la Ley de la Acodeco que permite regular los precios por un tiempo temporal y en casos de emergencia.

No tenemos que ser genios ni premios Nobel de Economía para entender que el control de precios o la fijación de márgenes tiene efectos negativos en la producción nacional y el bienestar de los consumidores. Las recomendaciones de las instituciones financieras internacionales han sido siempre la de no fijar bandas de precios para alimentos, porque disminuye la producción. Bastaría recordar lo que ha ocurrido históricamente en otros países donde la regulación de precios ha creado afectaciones que luego han desencadenado mayores descontroles económicos y escasez de productos.

Muchos productores panameños han señalado que la medida de control de precios ha desestimulado la actividad agrícola y generado la escasez de verduras y granos en el mercado. Igualmente, los comerciantes han dicho que el decreto es una ‘medida política' que no ha ayudado al productor ni al consumidor, y advirtieron que incluir otros productos a la lista o extenderla más allá del 1 de julio provocará precios más altos al consumidor y abandono de la actividad agrícola.

Juan Carlos Varela no es el primero que trata de coquetear con el control de precios. En el Antiguo Testamento existen edictos que regulaban prácticamente todo el comercio de bienes y servicios dentro del Imperio romano, incluyendo tarifas de transporte y salarios de soldados y jornaleros. Posteriormente, durante la Edad Media, el mercantilismo produjo numerosas medidas de control de precios, como la tasa de granos. Luego de la Revolución francesa, se emitió una ley fijando precios máximos para los cereales panificables. En Panamá también existió una Oficina de Regulación de Precios que fue abolida en 1996 cuando se creó la Clicac. Y la verdad es que siempre los controles de precios han sido impuestos como parte de políticas de regulación económica y nunca como herramientas de transformación económica.

Para fortuna del Gobierno, la implementación de la medida ha coincidido con una estabilidad inusual de los precios internacionales de granos y niveles de precio increíbles del barril de petróleo por debajo de $50. Y aunque se haya dicho que han generado ahorros marginales en algunos productos, lo cierto es que el principal problema sigue siendo que han violado la ley, pisoteado la libertad económica y quebrantado la libre competencia. Y tal como ha sucedido siempre, el control de precios ha dado lugar al desarrollo de imperfecciones profundas en el mercado que causarán efectos dañinos al sistema económico y a la actividad productiva que tardarán muchos años, sino décadas, en componerse.

Mantener el control de precios se ha convertido para el Gobierno en un punto de orgullo, pero también en un símbolo de su terquedad. Tanto así que, en medio de una profunda crisis agropecuaria, se niega a hacer las modificaciones necesarias que ayudarían a estimular la producción y mejorar la oferta.

EMPRESARIO Y EXCOMISIONADO DE LA CLICAC.