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14 de Oct de 2019

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Guillermo A. Cochez

Columnistas

Aprendamos lo bueno de los demás

‘[...] podemos vivir en un país donde la justicia se aplique a todos por igual. Definitivamente requerirá de mucho esfuerzo, pero [...], ¿por qué no empeñarnos en darnos un sistema judicial honesto [...]?'

Ejemplos nos dan países vecinos; ojalá podamos implantarlos aquí. El presidente de Colombia, Iván Duque, promueve que a aquellas empresas, como Odebrecht, causantes de tanta corrupción en su país, se les prohíba participar en actos públicos por espacio de 20 años. La que fue vicepresidente de Ecuador, María Alejandra Vicuña, anterior diputada de Gobierno, separada de su puesto por acusación de cobrar coimas a los funcionarios que nombraba en su planilla como parlamentaria. ¿Les sonará conocido lo de Colombia con las declaraciones de funcionarios panameños de que hay que darle a Odebrecht una segunda oportunidad? ¿A cuántos diputados se les podrá aplicar su destitución por hacer repetitivamente lo que han acusado a la vicepresidenta ecuatoriana y que motivaron su renuncia?

En Perú, los expresidentes Alejandro Toledo, Allan García y Ollanta Humala han sido investigados —hasta detenidos o pedidos en extradición— por vinculaciones con coi mas de Odebrecht y otros contratos; un presidente, Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció por la misma causa. En Uruguay, en un ejemplo palpable de la seriedad de un Gobierno democrático, rehusó otorgar asilo a Allan García, refugiado en la embajada de su país en Lima, pidiendo asilo y así evadir ser interrogado. En Brasil, la mano de la justicia logró destituir a la presidenta Dilma Rousseff, y a un candidato, el expresidente Lula da Silva, por sus implicaciones en el caso Lava Jato.

Pareciera que en nuestro país, al igual ocurre en Venezuela y República Dominicana, el tema Odebrecht jamás afectará a quienes detentan el poder. Aunque Nicolás Maduro haya recibido muchos millones de Odebrecht, jamás será investigado, simplemente porque en ese país no hay justicia. A diferencia de otros países, donde Odebrecht terminó las obras pactadas, aunque con elevadas coimas y sobrecostos, en la tierra de Bolívar, desde los tiempos de Chávez, el robo fue tan descarado que ni siquiera culminaron los trabajos contratados. En Dominicana de nada han servido las gigantescas manifestaciones exigiendo se investigue este escándalo. El poder de los gobernantes parece ser omnímodo.

Quisiera haber escrito que el Informe a la Nación de las fiscales anticorrupción sobre el caso Odebrecht llenó todas las expectativas ciudadanas. Conozco a algunas de ellas, porque fueron mis alumnas, al igual lo fue el juez Leslie Loaiza, tan vilipendiado por recientes decisiones. Sin embargo, sería prudente preguntar ¿por qué alguien dice un disparate tan grande como que a Carlos Duboy, confeso de haber recibido ‘donaciones' de Odebrecht, no lo investigan por falta de pruebas? ¿O que no se incluya el nombre del diputado panameñista Jorge Alberto Rosas como aquellos que se descubrieron en la trama Odebrecht, aunque estancado en la Corte Suprema? ¿O qué es culpa de la exprocuradora Ana Belfon el no poder investigar a Jaime Lasso y a su hija por dineros donados por Odebrecht a los panameñistas, cuando lo de la constructora se descubrió después de que ella saliera de su cargo? ¿O que digan que en el período de Martín Torrijos se pagaron 5.5 millones de coima y no se haga nada todavía, quizás por cálculos políticos? Como me decía un respetado colega, ¿por qué no pensar que las decisiones del juez Loaiza son fundamentadas en un trabajo deficiente o incompleto de algún fiscal?

Es ese el problema. Solo se generan más interrogantes cuando la Procuraduría dispone de más de hora y media de cadena nacional en la televisión. ¿Por qué nuestro Ejecutivo no toma el ejemplo del presidente colombiano y pone en su lugar a las empresas que tanto corrompieron en Panamá o que siguen procurando sacar millones de la obra de la ampliación del Canal culminada en 2016? ¿Por qué se menciona, pero no llaman a declarar al empresario que le dio irregularmente dos (2) millones a la campaña de José Domingo Arias? ¿Será por qué se llama Stanley Motta? ¿Por qué demoran tanto en instruir cargos sobre esos 5.5 millones que dijeron haber encontrado en período de Torrijos? ¿Qué pasará que la Corte Suprema de Justicia, ante tantos cuestionamientos hacia el juez Loaiza, no le hace una auditoría para aclarar qué es lo que pasa en ese despacho, defendiéndolo si todo está bien o acusándolo, si se le encuentra alguna irregularidad?

Creo que podemos vivir en un país donde la justicia se aplique a todos por igual. Definitivamente requerirá de mucho esfuerzo, pero si hemos logrado otras metas, ¿por qué no empeñarnos en darnos un sistema judicial honesto, ajeno a los vaivenes políticos e influencias de los poderosos? Donde se imponga, ante todo, la certeza del castigo y el fin de la impunidad: a todos por igual. ¡Qué pena que emulemos lo malo y no lo justo y correcto!

ABOGADO, POLÍTICO Y DIPLOMÁTICO.