Ante la urgencia de un nuevo ente electoral

El artículo 142 de nuestra Constitución dice que ‘con el objeto de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio se crea ‘un tribunal autónomo e independiente, denominado Tribunal Electoral, al que se le reconoce personería jurídica, patrimonio propio y derecho de administrarlo'. Entre sus funciones está la de dirigir todas las ‘fases del proceso electoral'.

Tal como tuve la oportunidad de comentarlo a Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA en las elecciones, hace falta mucho trabajo por hacer para que esta tarea pueda ser considerada satisfactoria, a pesar de los tantos esfuerzos que desde 1990, cuando el Tribunal Electoral se reestructuró, se han adelantado. Como dice el refrán popular, ‘no todo lo que brilla es oro' y todavía falta mucho por hacer, sobre todo en la modernización a los tiempos actuales del Tribunal que necesariamente su ‘autonomía e independencia' no sea un mero enunciado.

El 5 de mayo, para poner un ejemplo concreto, en el centro de votación de la Escuela República de Libia en el corregimiento de Río Abajo, a escasos metros de la vía España, había un candidato comprando votos. Era tal la aglomeración y el desorden que allí se daba, que era difícil percatarse de lo que transcurría al lado de varios policías, delegados electorales y representantes de otros candidatos y, por supuesto, la ausencia total de la Fiscalía Electoral. Y, si lo hubieran detectado, ¿qué podían hacer, si quizás no estaban ni preparados para tratar casos así, porque el Tribunal Electoral ni siquiera preparó bien a quienes eran los directivos de la mesa de votación? Parecía un mercado persa, lo que facilitaba las actividades delictivas de los que entregaban 20 dólares, supuestamente para que votarán por su candidato. Si esto se daba en un lugar tan público como ese, qué se puede esperar de otros sitios donde no se daba la presencia numerosa de auxiliares de la justicia electoral y adonde es tan fácil ver quién intenta comprar votos con solo mirar los portales de los ranchos llenos de arena, piedra y gavillas. Dirán ¿y por qué no lo denunciaron? Preguntaría, ¿si alguien cree que en estos casos alguien aplicará la justicia, y menos con una inexistente Fiscalía Electoral? ¿O no nos hemos dado cuenta que en Panamá quien se atreve a denunciar este tipo de ilícitos, termina siendo víctima del denunciado?

Semanas antes habíamos quedados escandalizados por los señalamientos del periodista digital Mauricio Valenzuela, al filmar acto político en Capira donde una candidata a diputado regalaba bolsas y otras cosas. Igual bulla se generó cuando en El Chorrillo otro obsequió bonos de 100 balboas en un supermercado. En ninguno de esos casos, como los que se dieron en muchos otros lugares, se hizo nada para evitarlo. La propaganda electoral del Tribunal Electoral solo era enfocada al ‘Verifícate', para que votes el 5 de mayo. Las elecciones son todo el proceso electoral, no solo el día de emitir el voto y mucho menos un impráctico edificio, que parece una copia criolla del Partenón griego.

Dirán que desde el Gobierno anterior no hay Fiscalía Electoral independiente y que el actual Gobierno, por su demora en reemplazar al fiscal, no nombró oportunamente al nuevo. Eso no es óbice para que estas prácticas, propias del siglo XIX, todavía prevalezcan.

Cuando la Constitución señala que el Tribunal Electoral debe garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular, no vemos que las conductas delictivas descritas y muchas otras que aparecieron en el ‘proceso electoral', como fueron las señaladas y las firmas de difuntos e infantes en las listas de candidatos por libre postulación, sean castigadas como debería ser. Es por eso que llegamos a la conclusión de que el Tribunal Electoral debe ser reformado íntegramente. Es una prioridad para que podamos seguir avanzado en nuestra enclenque democracia.

En 1990 el Tribunal Electoral se integró por magistrados que representaban los partidos ganadores de las elecciones de 1989: Dennis Allen, panameñista; Guillermo Márquez Amado, demócrata cristiano y Eduardo Valdés, Molirena, el cual, desde esa época, permanece como magistrado; 30 años, con cinco elecciones encima. Posteriormente nombraron un PRD, Erasmo Pinilla. Según los entendidos, el Tribunal se fue convirtiendo en una especie de pastel que se repartían por partes iguales los magistrados. Recordemos las denuncias públicas que se hicieron a Pinilla sobre los parientes que tenía en planillas allí, quien solo respondió que ellos, como panameños, también tenían derecho a trabajar para el Estado.

Estas reflexiones sobre una entidad tan importante como lo es el Tribunal Electoral, nos hacen llegar a la conclusión de que hay que reformarlo íntegramente para que, de acuerdo al mandato constitucional, sea verdaderamente autónomo e independiente. Donde quienes lo integren sean panameños con la capacidad y la experticia necesaria, ajenos a todo bando político, para evitar lo que hoy se ve, a pesar del clamor de los actuales magistrados cuando dicen que hemos vivido unas ‘elecciones ejemplares'. Ojalá que la Concertación Nacional se ocupe también de este importante tema. El fortalecimiento institucional también debe llegar al Tribunal Electoral.

ABOGADO