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16 de Jan de 2021

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Rafael Carles

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Salud: prioridad uno

‘[...] su primera acción mañana debe ser crear una Política de Seguridad Alimentaria Nutricional para garantizar la producción, distribución y comercialización de alimentos saludables [...]'

Mañana 1 de julio inicia el Gobierno de Laurentino Cortizo Cohen. Y desde ya lo invitamos para que haga algo fundamental por la población del país, empezando por preocuparse por la salud pública. Por tanto, su primera acción mañana debe ser crear una Política de Seguridad Alimentaria Nutricional para garantizar la producción, distribución y comercialización de alimentos saludables, así como regular la venta de comida chatarra que causa la mayoría de muertes y enfermedades crónicas en Panamá.

Acto seguido, el nuevo Gobierno debe crear un sistema de etiquetado de alimentos para eliminar la confusión existente y permitir a los consumidores, sin ser doctores en nutrición, la identificación de esos alimentos saludables. Las etiquetas actuales son ambiguas y están diseñadas precisamente para confundir a los consumidores. Conviene que sean más claras y específicas, con color rojo para ‘no comer', color amarillo para ‘comer con precaución' y color verde para ‘comer'. Correspondería al Ministerio de Salud actualizar las guías nutricionales y al Ministerio de Comercio e Industrias asegurar que el sistema de etiquetado ofrezca información veraz sobre ‘azúcares agregados', un aspecto que actualmente no está normado y hace imposible saber lo que estamos comiendo.

El nuevo Gobierno debe también crear un impuesto a la comida malsana, no solamente las sodas y bebidas azucaradas que recientemente les establecieron una tasa impositiva de 8 %, sino a todos los demás productos procesados endulzados artificialmente, como cereales para niños, cafés caramelizados de Starbucks que contienen 400 calorías de azúcar y batidos de crema de helados de McDonald's que sobrepasan 600 calorías de grasa. Al gravar los productos chatarra se pretende reducir su consumo y proporcionar una fuente segura de financiamiento para educar a la población en el combate contra la obesidad y la diabetes.

De igual forma, el nuevo Gobierno debe fomentar el deporte, pero evitar que ningún distribuidor o fabricante de alimentos procesados ni sus organizaciones de responsabilidad social empresarial puedan patrocinar ligas, eventos ni actividades de entretenimiento.

Llama poderosamente la atención que la mayor parte del financiamiento de las ligas deportivas en barrios, escuelas y colegios proviene cada año de la industria de alimentos, y de esa manera los dirigentes deportivos y directores de escuelas quedan secuestrados por estas industrias que con su dinero deciden qué comer, qué vender y qué promover en dichos gimnasios y estadios. Algunos pudieran decir que es parte de sus políticas de mercadeo y apoyo a la comunidad, pero sabemos que todo eso al final se traduce en un beneficio mercantil que resulta altamente dañino para la sociedad.

Aunque en la campaña electoral se habló bastante sobre los medicamentos, el nuevo Gobierno debe implementar el decreto 1510 de 19 de septiembre de 2014 que establece la Estrategia Nacional para la Prevención y Control Integral de las Enfermedades No Transmisibles y sus factores de riesgo. El año pasado el Gobierno asignó más de $650 millones para curar y tratar enfermedades prevenibles que requerían solo acciones puntuales, como cambios en dietas y estilos de vida. Es decir, invertir más en comida saludable contribuye a ahorrar en gastos médicos.

Y finalmente, el nuevo Gobierno debe asegurar desde el primer día que tanto la Acodeco como el Ministerio Público investiguen a los distribuidores y fabricantes de alimentos que afectan la salud de los consumidores. En los últimos años la industria de alimentos ha gastado mundialmente millones de dólares para impedir legislaciones que favorecen el bienestar público, tal como el derecho de estar informado verazmente sobre los alimentos que se compran. El año pasado en Estados Unidos, varios fabricantes fueron demandados y perdieron recientemente en los tribunales, y fueron multados por $21 millones, algo sin precedentes hasta entonces.

El presidente Cortizo y su nuevo Gobierno tendrán una gran oportunidad para abrir el telón y decirle a los panameños que la salud es prioridad uno. Con ello podrán romper paradigmas y recuperar el respeto y la confianza que desde hace muchos años ningún Gobierno disfruta. Porque llegar al poder para satisfacer intereses particulares y olvidar aspectos fundamentales de la población, es imperdonable. Pero si de verdad lo que se quiere es resolver los problemas básicos como salud, qué mejor manera y mejor momento que empezar por la salud desde el día uno. Sin duda, la gente sentirá esperanza por quienes administran la cosa pública, aunque sea solo por ese primer día.

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