Por qué Constituyente y no Reformas

A 198 años de independencia de España, 116 de separación de Colombia y 30 de la invasión estadounidense, nuestro país se debate en una corriente de corrupción, impunidad, clientelismo y populismo creciente, donde políticos facinerosos, funcionarios deshonestos y empresarios inescrupulosos han usufructuado las arcas del Estado y burlado la justicia, en menoscabo del bienestar de la población.

A este atroz escenario se suma la existencia de un Código Electoral que privilegia la partidocracia e impunidad y limita las exigencias y necesidades de la población para la construcción de Gobiernos íntegros con políticas de Estado.

Por otra parte, la existencia de un sistema educativo incompetente, sumado a la falta de educación ciudadana, producto del desinterés gubernamental para favorecer sus malas prácticas, trae como consecuencia la ausencia de ciudadanos reflexivos, críticos, competentes que se empoderen y exijan a quienes gobiernan el respeto que merecemos en la implementación de políticas de beneficio social.

El panorama se hace más deprimente cuando observamos que nuestra economía es prácticamente dependiente de las importaciones. Gobernantes manipuladores y controladores han preferido abandonar nuestros sectores productivos, para favorecer sus intereses empresariales, lo que aunado a la inmigración descontrolada que vivimos, ha provocado el alza de los precios en alimentos, vivienda y transporte, entre otros, originando un encarecimiento del costo de la vida y altos niveles de desempleo.

Otros aspectos relevantes que agravan la situación son el blanqueo de capitales, la coima, rebusca, tráfico de influencias y politiquería partidista, los cuales impiden el desarrollo de sistemas elementales como salud pública, Caja de Seguro Social, educación, distribución de agua, recolección de basura y transporte.

Estos factores, añadidos a la presencia de un sistema de justicia ineficaz, inequitativo y corrupto, provocan el incremento de peculados (ladrones de cuello blanco), robo, criminalidad y narcotráfico, entre otros, haciendo cada vez más evidente la falta de fiscalización y control gubernamental, así como de los servicios de seguridad pública.

La población exige una Constitución que contemple certeza de castigo, para quienes vulneran el patrimonio nacional, revocatoria de mandato por la ciudadanía y no reelección inmediata.

Es hora de dejar las diferencias y unirse para demandar respeto a quienes gobiernan y reclamar una nueva Constitución aprobada por la ciudadanía, no parches de reformas constitucionales, impulsadas por intereses sectarios y políticos sin credibilidad, mismos que han demostrado privilegiar intereses personales, políticos, empresariales y foráneos, en menoscabo del bienestar de todos los panameños.

En conclusión una Constitución que enuncie con claridad la independencia de los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), precise la competencia y estructura de los órganos del Estado, establezca reglas eficaces de relación entre gobernantes y gobernados, garantice los derechos y la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley.