Temas Especiales

26 de Oct de 2020

Avatar del Julio Bermúdez Valdés

Julio Bermúdez Valdésopinion@laestrella.com.pa

Columnistas

Reformas constitucionales: una responsabilidad compartida

Si como señalan algunos sectores, en Panamá no se han roto los puentes del diálogo y los consensos, sería conveniente concertar amplios espacios de discusión de las reformas constitucionales previo a la segunda legislatura que debe aprobarlas definitivamente.

Tal cual ha transcurrido el proceso, y por muy buenas que sean las modificaciones que modelen estos cambios, sigue prevaleciendo en el imaginario social un debate de élite, excluyente, que podría afectar la aprobación de estas reformas en un referéndum.

Los procesos de desgobierno vividos por el país en los últimos años generaron deterioros en la vida del panameño con problemas que aun no tocan fondo, y que durante las elecciones presidenciales recientes se resumieron en un rechazo rotundo a lo que algunos llamaron “más de lo mismo”.

Aún se desconoce, a ciencia cierta, cuánto dinero desapareció del fisco, mientras que miles de niños sumidos en la pobreza eran violados sexualmente, o desertaban de los colegios, o ancianos indefensos eran víctimas de abusos y abandono. ¿A cuánta indiferencia fue sometida la sociedad en los últimos años? ¿Cuántos programas fueron desatendidos y sus recursos pasaron a cuentas privadas?

“Y no se trata solo de los diputados, [...]. Se trata de una responsabilidad compartida, donde todos tienen algo que aportar y no estar jugando a la posibilidad de “prender el país”.”

Con la decisión de encarar esos problemas surgió y ganó la propuesta del presidente Laurentino Cortizo, una especie de recuperación del Estado Benefactor, una forma de saldar las viejas deudas del Estado con una población desencantada y al borde del disgusto colectivo.

Precisamente por eso el Gobierno de Cortizo hizo suyas las reformas que se impulsan, partiendo de los consensos logrados en meses de debate por el Consejo Nacional de la Concertación. Pero hubo silencio mientras se construía ese consenso; nadie emitió objeciones, porque se partía de que en dicha instancia estaban representados todos los sectores de la sociedad.

Porque eran reformas coherentes con lo que el mandatario ha llamado “la conquista de la Sexta Frontera”, esa decisión oficial de atender los problemas sociales de pobreza, extrema pobreza, desempleo, educación y salud que padece el país.

Pero... ¿de verdad que es eso lo que quieren quienes cuestionan las reformas o aquellos que las ocultan del debate, o inclusive quienes aspiran a que pasen sin discusión alguna?

¿No será más serio fortalecerlas que descalificarlas? ¿No será más prudente incorporarles enunciados y principios que estar confundiéndolas con las leyes que deben desarrollar esos principios? ¿Qué dicen las reformas, alguien conoce sus textos?

Nadie puede prohibirle a la Asamblea Nacional que debata las reformas, pero la Asamblea debe saber que tampoco debe monopolizar la discusión, y menos introduciendo elementos que degradan el debate, en lugar de elevarlo.

Para nadie es un secreto la deteriorada imagen que ha arrastrado la Asamblea desde el quinquenio pasado, acosada por un Ejecutivo que hizo hasta lo imposible por desmontarla.

Ahora, con un nuevo Gobierno, el Parlamento debe abrir sus puertas a los ciudadanos, sean del signo político que sean, porque la campaña fue superada el cinco de mayo pasado y ahora se trata de aportar a la gobernabilidad del país, los componentes y las medidas que le permitan superar el marasmo en que la dejaron, y en el que la recibió el Gobierno actual.

Y no se trata solo de los diputados, también hay sectores que a título de las polémicas que la han circundado tratan de restarle valor a sus derechos. Se trata de una responsabilidad compartida, donde todos tienen algo que aportar y no estar jugando a la posibilidad de “prender el país”.

Periodista