El pueblo se desespera

El pueblo panameño está sometido a un proceso de ansiedad frente a un presente y futuro inciertos. No solo se trata del coronavirus, sino su situación socioeconómica, que está inmersa en un cúmulo de incertidumbre, producto de que miles han sido enviados a sus casas sin salario, debido a la suspensión de contratos de trabajo. Empresarios que buscan pagar un XIII mes reducido a sus trabajadores, otros tantos que se les ha reducido su jornada de trabajo y por ende, sus salarios, y otros tantos que son acosados psicológicamente con el discurso “no regresarán a sus puestos de trabajo superada la pandemia”. Por otra parte, la salud y seguridad laboral han sido vulneradas en medio de la COVID-19, tal como sucedió en el caso de Minera Panamá, a pesar de las denuncias, debieron pasar más de 15 días, un muerto reconocido oficialmente y decenas de contagiados para que las autoridades tomaran la decisión de cerrar temporalmente el proyecto minero.

En el caso de los obreros de la construcción, antes de la promulgación del Decreto Ejecutivo 81 del 20 de marzo de 2020 (reglamenta la suspensión de los contratos), Suntracs tomó medidas preventivas para garantizar el pago a los obreros. En reunión tripartita Suntracs-Capac-Mitradel, se establecieron acuerdos concretos: se aseguró para las bases obreras afiliadas las bisemanas trabajadas, los días en fondo de bisemanas no completadas y además mantener sus puestos de trabajo; se logró que los trabajadores mayores de 60 años suspendieran sus labores de forma inmediata, con 15 días de vacaciones, así como las mujeres en estado de gravidez y mantener vigente la póliza de vida por un periodo de 90 días. Con relación al décimo tercer mes, se llegó al compromiso de que los empresarios pagarán, a más tardar el 15 de abril, por ACH.

Con el fin de que a todos los trabajadores que están en esta condición, se les asegure el bono gubernamental y bolsas de comida, también se estableció acuerdo. Frente a ello, es importante señalar que solicitamos, acogiendo la propuesta de Frenadeso, bono por B/. 500, acompañado de moratorias de bancos, casas comerciales y servicios básicos, agua, luz, internet, telefonía, sugerencias que fueron atendidas a medias y en el caso del bono el mono es mucho menor.

Es decir, el sindicato, en la responsabilidad que le compete con los obreros, negoció con la patronal y la entidad de Gobierno correspondiente las garantías fundamentales de sus afiliados. Esta es la acción de un sindicato que mantiene en todo momento la lucha en defensa de los derechos de los trabajadores, por lo que genera ronchas en sectores que buscan un sindicalismo debilitado y que pretenden utilizar la coyuntura del coronavirus para mermar la capacidad de lucha de la clase obrera organizada.

Un Gobierno que ha resultado débil en garantizar los derechos de los trabajadores, que pretende que sea el pueblo humilde y trabajador el que una vez más cargue con esta crisis. Un Gobierno ineficaz y nefasto, de improvisaciones en el manejo de la crisis, que ha favorecido a los grandes grupos empresariales. Un Gobierno que puede caer ante las presiones empresariales de poner fin a la cuarentena para “salvar a las empresas”, tal como manifestó el representante de Conep, “… de nada le va a servir al país tener una población 100 % sana, si se va a tener un país en bancarrota y con muy pocas posibilidades de recuperación” (Julio de la Lastra). Bueno, al fin y al cabo, es un Gobierno 100 % empresarial.

A pesar de los miles de millones de dólares que ha recibido el Gobierno de Cortizo (se habla de más de 38 mil millones de dólares), nunca un Gobierno ha tenido más recursos que este, sin embargo, la ayuda no llega a muchos panameños, el clientelismo, la politiquería y la corrupción imperan en la distribución de bonos y bolsas de comida.