2026: el año que debe marcar el comienzo de una nueva nación

Al iniciar el 2026, el país se encuentra ante una oportunidad histórica para redefinir su rumbo. No es exagerado afirmar que el próximo año podría convertirse en un punto de inflexión: o consolidamos una ruta de transformación o seguimos aplazando los cambios que la ciudadanía lleva décadas reclamando. De nosotros dependerá convertir el 2026 en el año donde Panamá se reencuentre consigo misma y con su promesa de desarrollo.

El crecimiento económico no puede seguir siendo medido únicamente por cifras macroeconómicas, sino por su capacidad real de transformar vidas. Esperamos para 2026 una economía sostenidamente creciente, pero sobre todo diversificada, capaz de disminuir la dependencia de sectores tradicionales y abrir espacio a nuevas industrias: tecnologías verdes, logística avanzada, innovación digital, agroindustria inteligente y servicios globales de alto valor agregado.

Ese crecimiento debe tener una brújula ética: que los beneficios lleguen a todos, especialmente a quienes históricamente han quedado en la periferia del progreso. El 2026 debe ser el año en que reafirmemos que el bienestar económico solo es legítimo cuando es compartido.

La ciudadanía espera —y merece— un sistema de justicia que funcione. Panamá no puede seguir arrastrando expedientes emblemáticos que se han convertido en símbolos de impunidad y desgaste institucional. Para 2026, aspiramos a que la justicia concluya de manera firme y transparente los procesos más icónicos de la última década.

No se trata de venganza, sino de responsabilidad. La democracia exige que cada quien responda por sus actos, sin distinciones ni privilegios. Solo así recuperaremos la confianza en las instituciones y enviaremos un mensaje inequívoco: en Panamá, la ley se respeta y se aplica a todos.

El país no puede afrontar el futuro con un Estado diseñado para el siglo pasado. La fragmentación institucional, la dispersión normativa, la burocracia ineficiente y la incapacidad de respuesta ante desafíos contemporáneos reclaman una reforma integral del Estado.

El 2026 tiene que ser el punto de partida de una transformación profunda: modernización administrativa, rediseño de competencias, transparencia radical, simplificación de trámites, institucionalidad robusta y un sistema político que represente de verdad a la ciudadanía. Una reforma del Estado no es solo un ejercicio técnico, sino un proyecto nacional. Debe marcar el inicio de una nueva etapa para Panamá: más eficiente, más justa, más moderna, más humana.

El 2026 debe ser recordado como el año en que Panamá decidió dar el salto hacia adelante. Como el año en que comenzamos, con determinación, a construir una nueva nación.