06 de Oct de 2022

Columnistas

Reformas a la ley de los abogados

Para nadie un secreto, la gran cantidad de personas que se han inclinado por estudiar la carrera de Derecho, no solo por el prestigio que genera el ser reconocido como abogado, sino también por el conocimiento de las leyes, el manejo de las ciencias políticas o por situaciones personales que los derivan a estudiar las ciencias jurídicas como primera o segunda opción del conocimiento.

Para nadie un secreto, la gran cantidad de personas que se han inclinado por estudiar la carrera de Derecho, no solo por el prestigio que genera el ser reconocido como abogado, sino también por el conocimiento de las leyes, el manejo de las ciencias políticas o por situaciones personales que los derivan a estudiar las ciencias jurídicas como primera o segunda opción del conocimiento.

En años anteriores era un honor contar en las familias con médicos y abogados consideradas carreras tradicionales en que los padres, se sentían orgullos que sus hijos optaran por estas carreras para continuar sus estudios universitarios y eran evaluadas como las primeras carreras para estudiar.

Así vemos que jóvenes que salen del bachillerato optan por el Derecho, como profesionales que optan por una segunda profesión y que demuestran interés en la carrera de las facultades de Derecho oficiales y particulares de nuestro país para estudiar la carrera, que hoy día cuenta con alrededor de 28, 230 abogados con idoneidad según las cifras del portal del Órgano Judicial, expedida por la Corte Suprema de Justicia hasta el año 2022.

Hago este preámbulo, porque es necesario hablar de reformas integrales a la ley 9 de 1984 y que actualmente existe un proyecto de ley presentado por el Colegio Nacional de Abogados en la Asamblea Nacional, del cual se hace necesario y oportuno un amplio debate no solo por la importancia del tema jurídico, sino por la relevancia de las consideraciones relevantes que se deben introducir en la referida ley, porque el problema no es la cantidad de sino la calidad de abogados que estamos formando en las universidades oficiales y particulares.

El problema es cualitativo y no cuantitativo, es imperativo mejorar la calidad de la enseñanza del Derecho y esto se logra a través de la academia y con la participación de las Universidades, acreditaciones nacionales e internacionales efectivas.

Con un solo vistazo a las estadísticas de los últimos años de nuevas idoneidades, evidencia en incremento en la cantidad de egresados de las universidades oficiales y particulares, pero ¿Cómo reforzamos ese aprendizaje de calidad en la formación jurídica de los abogados? Con un examen de barra, la respuesta tenemos que analizarla y establecer las hojas de ruta a seguir para mejorar la calidad de la formación jurídica y una formación de educación adecuada para las presentes y futuras generaciones.

Un profesional del Derecho nuevo o de años en ejercicio, debe estar en un constante aprendizaje, en una formación continua y actualizada para brindar un servicio jurídico de calidad en todas las ramas del derecho, situación esta, que en las referidas reformas se presenta como un problema que se genera por la cantidad de las nuevas generaciones de abogados y no con los formados en años anteriores y las autoridades en ejercicio.

Con los años de experiencia como docente del Derecho y como exmagistrado del tribunal de honor, considero que es muy necesario y oportuno hablar de reformas a la Ley de la abogacía y apoyar el proyecto que impulsa el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Dr. Juan Carlos Aráoz. Sin embargo, vemos con preocupación cómo la Asamblea Nacional aprueba en primer debate el proyecto sin una amplia consulta de abogados, académicos, profesores, estudiantes y profesionales del derecho del Órgano Judicial y el Ministerio Público, quienes de alguna manera nos veremos regulados por la disposición legal en comento.

Decimos esto, luego de participar en el mes de abril en el salón azul y otras reuniones muy pequeñas donde se les recomendó a los diputados la creación de una subcomisión para discutir el anteproyecto y realizar mayores aportes en temas como, por ejemplo, la excepción de capacitación continua para magistrados y jueces cuando son los primeros que deben dar el ejemplo de aprendizaje permanente y quienes serán los encargados del examen y la capacitación continua.

Aspectos tan importantes como la colocación de un examen de barra para los nuevos abogados, que no sea un restrictivo para la idoneidad de nuevos abogados, las capacitaciones en el instituto Superior de la judicatura o el Colegio de Abogados sin que esto se convierta en una forma de generar ingresos en perjuicio de algunos letrados que probablemente no puedan asumir esos costos de manera permanente, son algunos de los temas que se deben discutir ampliamente entre los abogados y futuros abogados, pero sobre todo en la academia para mejorar e insisto considerablemente la formación jurídica de los letrados formados y en formación en grados de especialización, maestrías y doctorados

Y sobre todo el mejoramiento de la calidad educativa de la formación de abogados, que a pesar de ser un tema de calidad y acreditación académica debe ser ponderado en las universidades públicas y privadas donde no pueden expedirse títulos, sin conocimiento verdadero de las leyes, haciendo honor a la frase que no es ético ser abogado sin conocimiento de derecho, que es uno de los argumentos trazados por los impulsadores del proyecto.

Frente a los temas esbozados, se hace necesario ponderar una discusión amplia de las reformas y hago un llamado al Colegio Nacional de Abogados, la Asociación Nacional de Juristas de Panamá, el Instituto Superior de la Judicatura, las Universidades, el Órgano Judicial los estudiantes y profesores de Derecho para analizar los temas de las reformas como el ejercicio ilegal de la profesión, las sanciones del tribunal de Honor, la colegiatura obligatoria, las faltas a la ética profesional y sanciones ejemplares a los infractores, mejorar la manera de anunciarse, educación continua accesible y una verdadera calidad académica en la enseñanza del derecho con metodología adecuada a la vanguardia y tecnología de punta, renovando una profesión que lejos de desaparecer, debe mantenerse vigente con los mejores estándares de calidad para dar un servicio jurídico eficiente y eficaz que el mercado de hoy requiere como abogado del siglo XXI.

Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UIP