Reflexiones frente al futuro electoral

El 28 de noviembre de 2023 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato ley con Minera Panamá y el presidente Cortizo anunció el cierre ordenado de la mina de cobre de Donoso. Después de tanta celebración carnavalesca, podemos preguntarnos, ¿Se ha resuelto algo esencial? ¿Tenemos conciencia del efecto en el mayor empobrecimiento del país y la ruina de centenares de empresas y de millares de panameños a corto y mediano plazo? ¿Hemos aprendido algo de nuestra historia, aún la más reciente?

Una acumulación de errores y omisiones del tratamiento por parte del gobierno nacional de la pandemia del Covid-19, aunada a los efectos de una crisis mundial producida por la insensata guerra de Rusia contra Ucrania que primero desató la inflación que provocó en Panamá un encarecimiento repentino del costo de la vida, desató un movimiento de protesta extraordinario en julio de 2022 también contra la corrupción pública. El aumento del precio de combustibles fue la gota que derramó el vaso de la insatisfacción generalizada.

La frustración acumulada por la poca sensibilidad del gobierno nacional, del Ejecutivo y del Legislativo y de muchos municipios que mantuvieron su tren de vida y aumentaron las planillas y los privilegios de los funcionarios de origen político gracias a un endeudamiento masivo del Estado, desembocó en un gran movimiento de protesta nacional con numerosas manifestaciones, cierres de calles y carreteras y huelgas realizados por diversos grupos sindicales, por gremios magisteriales mafiosos y por indígenas militantes, apoyados por los curas, todavía más activos en 2023.

La postergación sistemática de muchos problemas heredados de dos administraciones presidenciales depredadoras y poco responsables y de otros causados por el manejo defectuoso de la pandemia, especialmente los asuntos económicos, educativos, sociales y del empleo, y su falta de soluciones, erosionó más la confianza de la ciudadanía en el gobierno. Este recurría a subterfugios para distraer a la opinión pública mediante inútiles comisiones de estudio y de diálogo destacando el llamado “Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas”, enorme esfuerzo con infinidad de ideas y propuestas útiles y valiosas de muchos ciudadanos y profesionales, pronto olvidadas.

El abandono de la infraestructura física del país, sobre todo la vial y la educativa pública, a lo que se añade las deficiencias de la recolección y disposición de desechos, de la prestación del servicio de agua potable a la mayoría de la población y el desgreño de la CSS, fueron un combustible suplementario a la acumulación del descontento popular.

Aunque los partidos políticos de oposición no hubiesen liderado el movimiento, la amplitud de la protesta ciudadana protagonizada por gente de diversos signos ideológicos y orígenes geográficos, sociales y profesionales hizo que el Ejecutivo, con el pretexto de evitar enfrentamientos mortales, permitiera durante semanas la anarquía en las vías nacionales al no usar la fuerza pública para asegurar el derecho del libre tránsito, su deber constitucional que tampoco cumplió en 2023.

El gobierno nacional convocó finalmente una mesa de diálogo sólo con organizaciones opositoras, con la mediación de la Iglesia católica, a la tercera semana de protestas, que debía afrontar temas fundamentales como la economía y la corrupción gubernamental, que quedó en nada.

La Asamblea Nacional, percibida como fuente principal de corrupción pública activa y de desenfreno del gasto mediante extraordinarios recursos presupuestarios que le brinda el Ejecutivo para despilfarrar en planillas abultadas, viajes y otras actividades innombrables y superfluas, respondió con aún mayor timidez al clamor de un pueblo cada vez más insatisfecho de sus representantes electos, que se siente también burlado por el comportamiento de diputados, alcaldes y representantes de corregimientos y sus aliados que parecen más interesados en obtener ingresos exorbitantes del presupuesto nacional que en cumplir con su responsabilidad cívica frente a sus electores exasperados. La falta de la reforma constitucional propuesta en su campaña electoral por el principal partido gobernante, sigue como telón de fondo del problema fundamental.

La grave crisis de confianza en el gobierno panameño y en la clase política partidaria, parasitaria y clientelista, han hecho temer a muchos que pudiéramos encaminarnos cada día más a posibles soluciones antidemocráticas, autoritarias, para resolver los ingentes problemas nacionales. Es así que, según la prensa nacional, 53% de los panameños entrevistados en una encuesta en 2023 aseguran que “no les importaría” que un gobierno no democrático llegue al poder si resuelve las necesidades de los habitantes, aunque 78% rechaza una dictadura militar. Algunos dicen que estamos hoy como en 1968.

Temor igualmente, en mucha gente, a los vientos de cambios políticos más inspirados en ideologías de izquierda populista, incluyendo sus ejemplos más temibles y empobrecedores -Cuba, dictadura que se considera ya consolidada, Venezuela y Nicaragua aún más fascista-, que han prosperado en los últimos tiempos en la región latinoamericana y que podrían manifestarse electoralmente, al menos en la Asamblea y la dirigencia municipal.

El inmenso desorden nacional, la costosa anarquía causada por pocos centenares de extremistas violentos, tolerada por un gobierno nacional muy débil, irresponsable, con cierre de vías públicas durante semanas y daños a la propiedad estatal y privada, la ruina de muchísimas empresas pequeñas y medianas, causados para protestar, en octubre y noviembre de 2023, por la aprobación del contrato ley con Minera Panamá, que es una repetición de los eventos de julio de 2022 que el gobierno al parecer olvidó, ha sido provocado sobre todo por la extrema izquierda local para ganar protagonismo y apuntalar sus candidatos el próximo mayo, que normalmente rozan el 1% de aceptación en las urnas. Se añadieron gremios docentes de izquierda, también responsables por el pésimo estado de la educación nacional pública considerada entre las peores del continente, que se fueron alegremente por un mes más de vacaciones, premiadas por el gobierno.

El ambientalismo a ultranza ha sido parte de la estrategia de la extrema izquierda europea después del colapso del sistema soviético hace más de 30 años que dejó a sus partidos comunistas sin piso ideológico ni apoyo ruso, para debilitar las democracias liberales prósperas y concitar la caída del crecimiento económico, el empobrecimiento de la sociedad y la consecuente insatisfacción popular contra el sistema, acciones con fines electorales. Nuestra extrema izquierda (representada por SUNTRACS, ASOPROF y grupos indígenas militantes) ha seguido la misma estrategia extranjera (por ejemplo, UNIDAS-PODEMOS español y la NUPES francesa) que utiliza el ambientalismo radical, irracional y sectario, que apela más al sentimiento de frustración, en este caso legítimo por las evidentes incapacidades gubernamentales.

Infortunadamente, vemos a candidatos para las elecciones atrapados mentalmente en un distante pasado, que se añaden ahora a políticos tradicionales, clientelistas, con un discurso demagógico, con eslóganes sin sustancia, como: “Por una vida digna” "Lo bueno vuelve", "Uniendo fuerzas", "El cambio profundo", etc. Frases dirigidas a un electorado que sin duda consideran primitivo e irracional, simplemente emocional y poco educado. Expresiones que sustituyen propuestas concretas, coherentes, viables y de avanzada que puedan encaminarnos hacia una sociedad más equitativa, próspera, de bienestar real. Ojalá triunfe en mayo de 2024 más gente sensata, honesta, racional, verdaderamente educada y alejada de la corrupción pública-privada y de los extremismos ideológicos y religiosos.